por Eduardo Davis

BRASILIA.- Cuando falta hoy un año para las próximas elecciones presidenciales en Brasil, el país busca candidatos libres de sospechas, después de que los sucesivos escándalos de corrupción de los últimos tiempos arrasaron a buena parte de la clase política.

Sin embargo, hallar quien “esté libre de pecado” y en condiciones de “tirar la primera piedra” parece difícil, ya que la mayoría de los posibles aspirantes a suceder al presidente Michel Temer, que también tiene serios problemas judiciales, desfilaron en los últimos tiempos por los tribunales.

El ejemplo más claro del horizonte que se le presenta a priori al electorado brasileño es el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el líder más popular del país, pero al mismo tiempo el más rechazado y ya condenado en primera instancia a nueve años y medio de cárcel por corrupción.

Lula aparece como favorito en todas las encuestas de cara a las presidenciales de 2018, pero su posible candidatura, ya insinuada, sería impedida por la ley si esa sentencia fuera confirmada por un tribunal superior, lo que puede ocurrir a mediados del año próximo.

Para más males, Lula aún enfrenta otras seis causas penales por supuesta corrupción y su candidatura es el único “plan” para 2018 en el Partido de los Trabajadores (PT), que carece de otro líder con esa proyección y además tiene a casi toda su directiva en problemas con la justicia.

En el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), otro de los más influyentes del país, que integra la base política de Temer y ya gobernó con Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), las cosas tampoco están nada fáciles.

Los últimos sondeos han registrado una dura pérdida de la imagen positiva que tenía ese partido y sus posibles candidatos han sido salpicados por los escándalos de Petrobras o corruptelas similares.

El actual gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin, que ya fue candidato del PSDB en 2006, perdió frente a Lula y no esconde sus intenciones de llegar un día al poder, es sospechoso de haberse beneficiado de la red de corrupción que operó en la petrolera y hasta tiene una investigación pendiente en el Supremo.

El senador Aécio Neves, abanderado del PSDB en 2014 y derrotado por la luego destituida Dilma Rousseff por tres puntos porcentuales, está en una situación aún peor y ha sido suspendido de su escaño cautelarmente, por supuestos sobornos recibidos del grupo JBS.

En el PSDB también asoma como posible candidato el alcalde de San Pablo, Joao Doria, alineado con la derecha financiera pero que es un recién llegado a un partido dominado por una casta que impera desde hace décadas y todavía no ve con buenos ojos su posible postulación.

Ese mismo escenario devastado tiene el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que, pese a ser la principal fuerza política del país, no postula candidatos presidenciales desde 1994 y ahora tiene a toda su cúpula investigada por el Supremo.

Temer, el líder más influyente de esa formación, está acusado de corrupción por segunda vez por la Fiscalía y, aunque la fuerza de su base parlamentaria parece ser una garantía para evitar una posible pérdida de sus fueros y un eventual juicio penal, es el mandatario más impopular que ha tenido el país.

Las últimas encuestas coinciden en que el apoyo al Gobierno del PMDB se sitúa en niveles críticos que van del 3,5% al 5%, lo cual pudiera anular la posibilidad de que un candidato apoyado por Temer y su partido llegue al poder.

En ese panorama enrarecido por la corrupción han surgido algunos posibles candidatos ajenos a los partidos tradicionales, entre los cuales destaca el diputado Jair Bolsonaro, reservista del Ejército, defensor de la última dictadura (1964-1985) y portavoz de la derecha más nacionalista e ideológica.

Algunas encuestas le han llegado a atribuir un 20% de intención de voto y una tendencia a crecer, pero, aunque no está salpicado por asuntos de corrupción, no está libre de problemas judiciales.

En los últimos años, ha sido objeto de sanciones pecuniarias en la justicia civil por homofobia, por incitar a la violación y por “expresiones injuriosas” que “ridiculizan, maltratan o deshumanizan a la población negra”, según reza una sentencia dictada en primera instancia esta misma semana.

EFE.