11 de septiembre de 2017
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Acuerdos versus grieta y la visita del Papa en 2018

por Jorge Raventos

En los últimos días la prensa se ha activado alrededor de una posible visita del papa Francisco a la Argentina el año próximo. La inquietud está seguramente activada por la vigorosa presencia actual del Pontífice en Colombia, donde ante su visita parece potenciarse el proceso de pacificación interna y se han multiplicado gestos de reconciliación y mea culpa de parte de facciones que combatieron durante décadas.

Se sabe también que el Papa visitará Chile y Perú en enero de 2018 y algunos calculan que en esa ocasión podría extender el viaje para llegar a la Argentina. Un viaje papal no es, sin embargo, fruto de una ocurrencia ni puede traducirse en “hacerse una corrida de paso”.

Si Bergoglio se ha tomado su tiempo para llegar como Papa a su propia patria, hay que suponer que espera que se cumplan ciertas condiciones. Desde esta columna hemos señalado hace tiempo algunas.

Tres meses atrás señalábamos que estaban a punto de consumarse algunos requisitos que podían habilitar el viaje papal el año próximo (no se habló de enero, claro está). Se podía leer allí: “Este año se producirá un cambio de guardia en la Conferencia Episcopal: monseñor José Arancedo, quien asumió en noviembre de 2011, concluye su período. Desde ese mes habrá una nueva conducción local, probablemente más joven, que el propio Francisco promoverá. Es probable que recién entonces (digamos, en 2018) Francisco visite su patria. Un año atrás, monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, responsable de la Academia Pontificia de Ciencias y un vocero habitual de la Santa Sede, había dado alguna pista sobre los motivos por los cuales Francisco postergaba un viaje a la Argentina: comentó que, en el caso de Juan Pablo II, “se veía que estaba la Iglesia polaca atrás (…) no se entiende cómo no hay una solidaridad análoga a la que había con el papa polaco, a la que había con el papa alemán y con los papas italianos. Es una cosa curiosa.”

Las condiciones de una visita

Con una Iglesia argentina reordenada para el año próximo, una condición importantísima para el viaje de Francisco se habrá cumplido. Otras tienen que ver con la política. Si en Colombia el Pontífice llegó para encontrarse con una sociedad que avanza enérgicamente de la violencia al orden democrático y la paz, de la división al diálogo y la convivencia, en Argentina todavía ese camino no termina de consolidarse. La ocasión electoral –fundamentalmente en el escenario bonaerense- exhibe rastros elocuentes de la grieta que prevaleció durante una década larga.

La utilización política del episodio que tiene como eje y eventual víctima al artesano Santiago Maldonado y, como trasfondo, las intenciones extremas étnico secesionistas de una minoría violenta de origen mapuche, ponen de manifiesto que aún hay sectores más interesados en avivar conflictos que en sofocar incendios.

Es probable, sin embargo, que las receptivas antenas de la Iglesia le permitan a Francisco detectar que, pese a esos designios conflictivos, detrás de la escena se están tejiendo elementos de un diálogo comprensivo entre el gobierno y otros importantes actores.

No deberían omitirse en este cuadro decisiones como las que en estos días han adoptado la CGT (que avanza hacia la postergación sine die de medidas de fuerza que habían anticipado algunos de sus líderes) y las organizaciones sociales que representan a los trabajadores informales (que también postergaron movilizaciones de protesta). Ni unos ni otros han abandonado sus reivindicaciones, pero sí han abierto un paréntesis para usar la vía de la negociación y el diálogo.

Predominio oficialista y affaire mapuche

El oscuro episodio de la desaparición de Santiago Maldonado no parece, por el momento, incidir significativamente en el paisaje prelectoral. En octubre, dicen las encuestas, el oficialismo ratificará y perfeccionará su performance en las PASO.

El predominio actual del gobierno es, sin embargo, insuficiente: hoy cuenta en el Senado con 15 bancas y en Diputados con 91. Los mejores pronósticos no le garantizan la posibilidad de una estrategia exclusivista: necesitará del apoyo de otras fuerzas que componen por derecho propio el nuevo sistema político, ese que empezó a consolidarse con la derrota nacional del Frente para la Victoria en 2015 y con la eliminación de los obstáculos que impedían crecer y vincularse con el mundo (básicamente: trabas al campo y conflicto con los holdouts).

Ese sistema tiene como eje, si bien se mira, una convergencia de los que ejercen gobierno: es decir, presidente y gobernadores. Todos ellos necesitan orden y progreso en sus esferas de acción, es decir, tranquilidad y recursos. Tienen que dirimir cómo distribuirlos.

“El peronismo se va a reconstruir sobre la base de los poderes que tenemos los gobernadores”, postuló esta semana el sanjuanino Sergio Uñac. De los gobernadores dependerán fuerzas legislativas que reunirán al peronismo no-kirchnerista del Senado y Diputados, coordinadas seguramente con el Frente Renovador y, en muchos casos, con fuerzas provinciales independientes. El oficialismo no podrá gobernar en soledad: las reformas que busca impulsar (en el terreno fiscal y en el laboral) requerirán articulación y consensos; deberá encontrarse con los gobernadores y sus aliados legislativos y sociales.

A partir de lo que permiten conjeturar las PASO, el kirchnerismo ha quedado reducido a una fuerza provincial bonaerense, amurallada y concentrada en unos pocos partidos del conurbano bonaerense, particularmente en la tercera sección electoral.

La señora de Kirchner triunfó por un hocico en las PASO y, aunque seguramente caerá al segundo puesto en octubre (además de marchar con sus decisiones políticas a un progresivo aislamiento), representa en primera instancia un desafío para el sistema político.

Se trata de un desafío en la retirada ya que no hay retorno posible al kirchnerismo que el país conoció y soportó durante doce años, pero una situación en la que ella recupera protagonismo político apuntalada en el voto del conurbano supone una modificación del escenario.

La nueva situación volverá a plantear al gobierno nacional y al peronismo no kirchnerista la necesidad de avanzar en acuerdos. Esto es lo que ya está empezando a tejerse y lo que el Vaticano no ignora.

El conurbano, una cuestión nacional

El peronismo comprende que debe tomar distancia de la señora de Kirchner, pues su liderazgo (y aún su presencia) empujan hacia nuevas caídas. Los gobernadores le han tomado la palabra y la congelan fuera del peronismo: “Cristina hoy ha construido su propio partido, y es respetable, que se llama Unidad Ciudadana -ha declarado, por ejemplo, Sergio Uñac-. Y desde ahí da una batalla provincial. La reconstrucción del peronismo puede llevarse a cabo con o sin la provincia de Buenos Aires, pero no sólo con ella”.

Se trata, sin embargo, de una narrativa incompleta. Es cierto que la señora de Kirchner oficializó un partido nuevo pero no lo es menos que en las PASO cosechó mayoritariamente el voto del peronismo del conurbano. Consolarse con el argumento de que esa performance es un fenómeno encapsulado es no entender cabalmente su sustancia. A los gobernadores y al peronismo que quiere la renovación no les alcanzará con sacarla verbalmente del juego, tendrán que plantear una política para recuperar el voto del Gran Buenos Aires más vulnerable.

En realidad, esa es una tarea para el conjunto del sistema político, pues implica una acción enérgica de recuperación del conurbano, el espacio que concentra en una superficie mínima el 26 por ciento del total de la población del país y las mayores manifestaciones de pobreza y marginalidad.

El conurbano no es un problema bonaerense, es un problema nacional. Ni el peronismo ni el sistema político pueden saltearse la cuestión.

La discusión que ya está en marcha referida a los fondos que reclama la provincia de Buenos Aires no tiene solución judicial aunque esté actualmente en manos de la Corte Suprema. Tampoco se resolverá con una nueva ley de coparticipación (las provincias reconocen las motivaciones bonaerenses pero se niegan a pagar la factura con sus propios recursos). Representa, sin embargo, una oportunidad y un terreno para avanzar en convergencias básicas de mediano y largo plazo que consoliden el sistema político, fortalezcan el federalismo y permitan una estrategia de conjunto para conectar al conurbano bonaerense (y a los “conurbanos” de la Argentina interior) con la modernización y el desarrollo.

Ese es un desafío central para encarar después de octubre y empezar a gestar antes. La búsqueda de acuerdos de esa naturaleza está en el horizonte de la visita del Papa en 2018.

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