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Policiales 29 de diciembre de 2017

¿Alguna vez se sabrá qué pasó con Lucía Pérez?

La Cámara de Apelaciones elevó a juicio un expediente con la esperanza puesta en que en esa instancia pueda conocerse la verdad. Por el momento se duda del abuso sexual, se duda de que se trate de un homicidio, se abre la posibilidad a una figura culposa y hasta se cuestiona que el cuerpo de la menor haya sido lavado. Sólo está claro que dos de los imputados vendían drogas a menores.

Por Fernando del Rio

“De lo que no hay duda es que se tiene duda. La certeza de que hay duda es algo más que un mero juego de palabras”. Lo que parece ser un proverbio asiático milenario no es sino una transcripción del fallo de la Cámara de Apelaciones mediante el cual ordenó elevar a juicio el expediente que investiga la dolorosa muerte de la menor Lucía Pérez.
Entonces, ¿se sabrá alguna vez lo que le pasó a Lucía Pérez? ¿qué fue lo que sucedió para que muriera en la casa de un vendedor de drogas? y, principalmente, cómo fueron sus últimas horas y cuál fue el motivo y el causal del fallecimiento.

La causa fue elevada a juicio porque nada se sabe o, mejor dicho, todo está en duda. Lo único que está certificado es que Matías Farías vendía drogas y que Juan Pablo Offidani lo ayudaba poniendo el transporte a su disposición para que las transacciones tuvieran éxito. Sólo por ese delito, agravado por elegir a menores como clientes, tienen una expectativa de pena de prisión cercana a los 20 años.

Aquella hipótesis inicial de la fiscal María Isabel Sánchez que decía con autoridad que la adolescente de 16 años había sido drogada para disminuir su voluntad, violada hasta la muerte, incluso con vejaciones “inhumanas” y su cuerpo lavado para borrar huellas se desvaneció en su propia inmaterialidad.

La Sala I, a través de los jueces Esteban Viñas y Marcelo Riquert, definió el caso como de “singular gravedad y complejidad y frente al que hemos visto con desconcierto diversas reacciones confusas y vacilantes en el ejercicio de la pretensión penal, patentizadas en distintas alternativas hipotéticas propiciadas por la parte acusadora”. Cuestionó a la fiscal Sánchez la “falta de concurrencia inmediata al lugar del hecho, la excesiva delegación policial de diligencias para la conducción de la pesquisa. Todo en contraposición al modo desatinado de exposición pública a pocos días de acontecido, arrojando certezas contundentes sobre aspectos no corroborados ni descartados, y la oscilación sucesiva en pluralidad de encuadramientos legales divergentes, respecto del hecho vinculado al deceso de la víctima”.

Pero más allá de las indudables incoherencias que mostró la investigación, la problemática en este caso estuvo siempre a la vista: que un sujeto sin escrúpulos como Matías Farías ganara dinero vendiendo drogas a menores de edad en la puerta de una escuela. Y desde ese punto de partida, el resultado final puede ser el peor, como sucedió. Lucía era una joven con problemas constatados de consumo que, tal como lo dice la Cámara, aumentó su vulnerabilidad y la acentuó más aún su condición de menor de edad y de mujer.

Pero, como también dice el fallo al celebrar una mención de Gustavo Marceillac, abogado de la familia Pérez, no puede caerse en la canallada de destacar circunstancias personales de la víctima para sugerir que fue su propio victimario. Siempre que tengan relevancia jurídica, son importantes. De lo contrario no tienen por qué ventilarse.

Las grandes dudas

La causa se eleva a juicio con la certeza de que la hipótesis primaria de muerte por reflejo vaso vagal con víctima inconsciente por la droga fue descartada. También aquella que sostenía la asfixia por sofocación, la que fue dictaminada como poco probable. En consecuencia, se erige como altamente probable la congestión y edema pulmonar secundario a intoxicación por cocaína.

La Cámara cree posible que Lucía murió a raíz de una serie de factores que confluyeron para tal desenlace. Incluso destaca “la conclusión que había arriesgado con anterioridad la defensa sobre la muerte como producto de la conjunción de ingesta de estupefacientes durante gran parte de la noche anterior -a lo que habría que agregar ese mismo día, dado que la pericia indica consumo contemporáneo a la muerte- y el esfuerzo físico derivado de mantener relaciones sexuales por más de tres horas sin haber dormido, que por cualquier otra causa como, por ejemplo, la vinculada a un empalamiento, dejó de ser algo aventurado para encontrar su correlato en el dictamen científico agregado a la investigación”.

Es decir que, por ahora y a falta del juicio oral que repetirá toda la prueba y hasta podrá generar nuevas interpretaciones, nada más alejado a lo que se postuló en un primer momento.

Desde octubre del año pasado, la causa naufragó. El avance probatorio, dice la Cámara, no sólo “no se produjo sino que mucho de la temeraria presentación pública inicial del caso por la fiscal Sánchez se ha ido desvirtuando a partir de las conclusiones periciales”.

La extrema complejidad del caso y una deficiente labor investigativa se tradujo en espasmos jurídicos que parecieron propuestos más para la construcción de una hipótesis que para el develamiento de una verdad. Así, la causa se movió al influjo arbitrario de distintas imputaciones como abuso sexual seguido de muerte agravada por la provisión de estupefacientes, homicidio criminis causa, co autoría, participación primaria, abandono de persona seguido de muerte para terminar en abuso sexual con acceso carnal agravado por el resultado muerte y suministro de estupefacientes en concurso ideal con femicidio, y participación secundaria.

Cautela

Respecto al abuso sexual, la Cámara es más cautelosa aún que con el causal de muerte. Asegura que el informe de la Junta Médica de los peritos de la Suprema Corte -lo considera por encima de cualquier otro informe- favorece “la posición de la defensa dado que debilita la presunción basada en los elementos de juicio que permitieron fundar la conducta de abuso sexual agravado aunque, a nuestro criterio, no arrojan certeza negativa para que sus particularidades y conclusiones no sean ventiladas en juicio”.

Para los investigadores, la ausencia de lesiones compatibles con abuso sexual -lesiones propiamente genitales y lesiones de defensa- colocan al supuesto del abuso sexual en un sitio de absoluta discusión. La historia del consentimiento que siempre es difícil de probar.

Por eso es que la Cámara recuerda que el juez Bombini consideró que la situación de mujer, joven y adicta de Lucía Pérez “hacía relativa la idea de consentimiento pleno para la relación sexual con Farías. El tratarse de una persona menor de edad en situación de consumo problemático de estupefacientes y el haberse relacionado de ese modo con quien resultaba ser su proveedor actual, fue valorado como una situación de multivulnerabilidad que hacía condicionar la idea de un consentimiento libre en cabeza de quien había asentido la relación sexual”.

Lo que la Cámara de Apelaciones dice es que todos esos factores de indudable vulnerabilidad (adolescencia, drogapendencia, forma de atracción) sólo podrán saberse vinculados a la autonomía y voluntad de Lucía en un juicio oral.

Por último, en el extenso fallo, la Cámara de Apelaciones se dedica a explicar por qué le atenúa la imputación a Offidani colocándole el rol de partícipe secundario y no primario. Dice que se tiene acreditado que estuvo con Farías -y con Lucía- antes y después de producirse la muerte, pero no se lo puede ubicar dentro de la casa de la calle Racedo.

Pero además dice algo importante: “Si a resultas del debate y como postula alternativamente la defensa fuera encuadrada la conducta de Farías en una figura culposa o imprudente, no habría posibilidades de considerar el aporte de una causa relevante de Offidani que explique el resultado atribuido al principal imputado”.

Respecto a Maciel y su labor de “lavado de pruebas”, le atribuye más el encubrimiento por saber que Lucía se murió en un contexto de consumo de drogas suministrada por mayores de edad -incluso por retirar la droga remanente del lugar-, que por el dudoso lavado del cuerpo.

Por fuera de la familia López Montero, cuyo dolor es intransferible frente a una pérdida que no puede repararse, la muerte de Lucía es una muerte dolorosa para todos. No porque ponga en evidencia a asesinos sanguinarios, sino porque, por el contrario, descorre el manto que cubre a mercaderes de la muerte. Porque muestra, ante la indiferencia de muchos, que los adolescentes son cada vez más vulnerables a tipos que les vendan drogas. Y que detrás de cada papel, de cada porro, de cada troquel, acecha lo peor. Incluida la muerte.



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