Un grupo de imputados en la causa Skanska apeló y pidió la nulidad de la decisión del juez federal Sebastián Casanello de reabrir la investigación sobre supuestos sobreprecios en la obra pública del kirchnerismo.

A fin de junio pasado, el fiscal Carlos Stornelli planteó revisar los sobreseimientos dictados en la causa y pidió a la Cámara Federal porteña que vuelva a resolver si es válida una escucha telefónica que aludía al pago de sobornos en la constructora sueca.

La causa estaba virtualmente terminada desde noviembre del 2011, cuando la Cámara Federal porteña había sobreseído al ex secretario de Energía Daniel Cameron, al ex interventor del Enargas Fulvio Madaro y al ex titular de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa, todos involucrados en la investigación.

La Cámara había considerado inválida una grabación privada aportada como prueba de cargo, pero en abril pasado la Cámara Federal de Casación Penal avaló ese audio en el que un gerente de Skanska reconocía la existencia de sobornos.

Entonces Casanello resolvió reabrir la investigación y volver sobre los sobreseimientos, que estaban confirmados y sobre los que teóricamente no podría retrotraerse la investigación.

Sin embargo, en el caso pareció aplicarse la “cosa juzgada írrita”, que posibilita reabrir un expediente cuando aparece prueba nueva, aún cuando la sentencia anterior tuviera fuerza de “cosa juzgada”.

Ahora, el planteo contra la reapertura de la causa, cerrada desde 2011, fue formulado por las defensas de los imputados Javier Azcarate, Jean Paul Maldonado, de la ex Skanska, de Ignacio de Uribelarrea, de Raúl Orsini y de Daniel Cameron.

Asimismo, la defensa pública que representa a los imputados Alfredo Greco, Nadia Valle, Alejandro Porcelli y Danilo Cecchi pidó directamente la nulidad de la resolución de Casanello, por “exceso de jurisdicción”, es decir haber resuelto algo para lo que no estaba habilitado.

La causa Skanska volvió entonces a la Sala Primera de la Cámara Federal, que deberá resolver si con los nuevos elementos habilita que se vuelva a investigar la supuesta defraudación contra la administración pública, o vuelve a clausurar el expediente.