Debido a la resistencia que provocan las propuestas recaudatorias impulsadas por el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, la gestión del intendente Carlos Arroyo todavía sigue sin poder cumplir con la presentación del proyecto del presupuesto municipal.

Cuando el primer trimestre del año ya está a punto de concluir, el gobierno aún no elevó las ordenanzas fiscal e impositiva, las cuales siguen siendo objeto de una serie de correcciones que no generan consenso, ni siquiera, dentro del interbloque de Cambiemos.

Por eso esta tarde el intendente Arroyo se reunirá con algunos concejales oficialistas, ante quienes volverá a poner a consideración el tema.

Las propuestas más controvertidas tienen que ver con la intención del Ejecutivo de realizar una quita generalizada de exenciones y de gravar a la actividad exportadora, comenzado a exigirle el pago de la tasa de Seguridad e Higiene.

Ambas iniciativas apuntan a incrementar la presión tributaria sobre diversos sectores con el objetivo de captar más recursos que permitan a financiar a un municipio cada vez más deficitario y endeudado.

“Tengo una reunión con los concejales de Cambiemos para terminar de definir un montón de puntos, para tratar de que la fiscal y la impositiva salgan con el mayor apoyo posible, que es lo ideal”, dijo el intendente Arroyo este lunes, anunciando el encuentro que mantendrá por la tarde con la bancada oficialista.

No obstante el jefe comunal aseguró estar poco predispuesto a aceptar los cambios reclamados por algunos de sus propios concejales.

“Muchos de los puntos que plantea el Secretario de Hacienda yo los comparto, lo aclaro“, dijo.

Para justificar su apoyo a las propuestas de Mourelle, Arroyo consideró necesario “hablar con la verdad” y tener en cuenta que si la comunidad “quiere obras y nuevos servicios eso requiere de inversiones” y de recursos.

Pero lo cierto es que la estrategia ideada por su gestión para obtener más ingresos no termina de convencer a los concejales oficialistas, algunos de los cuales ya plantearon abiertamente que no votarán la quita de ciertas exenciones o la imposición de tasas a las exportaciones.

El proyecto del presupuesto municipal de 2018 fue elevado al Concejo Deliberante originalmente en noviembre del año pasado pero nunca llegó a tratarse.

El primer gesto de rechazo provino desde la Unión Cívica Radical, que en aquél momento decidió devolver los expedientes debido a que no estaban acompañados por la ordenanza complementaria que es la que entre otras cosas establece las remuneraciones del personal municipal.

Días más tarde el Ejecutivo volvió a remitir los proyectos, sin modificaciones y otra vez sin la ordenanza complementaria.

Pero para ese entonces varios sectores ya habían puesto su atención en el contenido de los proyectos de las ordenanzas fiscal e impositiva, mediante los cuáles se determina el valor y el tipo de tributos que cobrará el municipio durante el ejercicio.

Ambas iniciativas contenían algunas controvertidas propuestas, entre ellas, la decisión de retirar exenciones a cines, teatros, elencos artísticos, profesionales independientes, martilleros, la venta, edición e impresión de libros, los medios de comunicación o sindicatos.

Además se planteaba la intención de exigir el pago de tasas a la actividad exportadora, lo que abrió un frente de conflicto con la producción frutihortícola y pesquera, cuyas cámaras ya advirtieron que en el caso de que la medida prospere, la impugnarán ante la Justicia.

La magnitud y el tenor de las quejas motivaron la intervención de funcionarios nacionales y provinciales, que durante los últimos meses exigieron cambios.

Y además provocaron que los proyectos de las ordenanzas fiscal e impositiva le fueran nuevamente devueltos al Ejecutivo para que los “corrigiera”.

Como resultado la comuna local es actualmente una de las pocas -sino la única- de la provincia de Buenos Aires que ya avanzado el año 2018, aún no cuenta con un presupuesto para el ejercicio.

En consecuencia tampoco pudieron ser establecidos los nuevos valores de las tasas, en particular de la de Servicios Urbanos, que es la que mayor cantidad de recursos propios le provee al municipio.

De este modo los contribuyentes continúan abonando ese tributo en función de los montos establecidos en 2016, por lo que se especula con que una vez que se produzca una actualización el municipio debería emitir boletas extras para compensar las diferencias.