El intendente Carlos Arroyo dispuso a través de un decreto que la Policía Local brinde seguridad en los edificios municipales y en el predio de disposición final de residuos.

El decreto fue firmado por el jefe comunal y sus secretarios Gobierno, Alejandro Vicente, y de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, tras la polémica por la falta de efectivos en el relleno sanitario y de que trascendiera una orden del Ministerio de Seguridad bonaerense para que los servicios adicionales en las dependencias comunales se paguen.

El texto señala que el 8 de diciembre “se requirió intervención a la Jefatura Departamental de la policía de la provincia de Buenos Aires a los fines de cubrir la seguridad en todos los edificios públicos municipales que se custodiaban hasta ese momento con la Policía Local, gestión que resultó a la postre totalmente infructuosa”.

“Prueba de ello es la situación sobreviniente en el predio de disposición final de residuos, en cuyo ámbito, durante varias jornadas consecutivas, se registró la falta del servicio mencionado”, añade.

Según el decreto, “las directivas que se impartan” a la jefatura de la Policía Local podrán “ser por cualquier medio y su resultado deberá ser informado por intermedio del director general de Prevención del Centro de Coordinación y Mando Unificado”

Como argumento, el decreto cita el artículo 178° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que “designa como auxiliares del intendente a las autoridades policiales establecidas en las jurisdicciones de las distintas comunas, sin especificar ni hacer distingo respecto a cuáles de ellas resultarían alcanzadas por tal concepto”.

También puntualiza la resolución 835 de 2014, mediante la que el Ministerio de Seguridad de la provincia crea las Unidades de Policía de Prevención Local y establece que “tendrán como misión esencial la prevención de los delitos y contravenciones”.

Mencionó el artículo 8° de esa norma, la cual, entre las funciones a realizar por las Unidades de Policía, señala “actividades de observación, patrullaje y vigilancia, en las zonas delimitadas por el sistema de seguridad establecido a nivel provincial; de prevención primaria con un conocimiento cabal del sector barrial sobre el cual trabaja” y de “implementación de mecanismos de disuasión frente a actitudes y hechos delictivos o contravenciones”.