Las instalaciones del centro de rehabilitación Vida Digna, donde cumple su arresto morigerado uno de los imputados en la causa Lucía Pérez, fue clausurado por la Municipalidad y desde la Justicia dieron la orden de reubicar a los presos.

La infracción fue labrada por Inspección General luego de una denuncia de la madre de Lucía Pérez, respaldada por su abogado Gustavo Marceillac. “Solicitamos se disponga la inmediata revocación del beneficio aludido y el reintegro del interno Alejandro Maciel a la Unidad Penitenciaria en la que se encontraba”, dice el escrito presentado ante el Juzgado de Garantías que firma el padre de Lucía Pérez y el abogado.

Si bien la repartición municipal ya le dio intervención al juzgado de faltas por la contravención, trascendió que el complejo que rehabilita a personas con problemas de adicciones no cerró sus puertas y sigue funcionando con normalidad.

El “castillo” queda en Tres Arroyos 78, frente al complejo de Apand y allí fue derivado Maciel, uno de los tres hombres imputados por la causa que investiga la muerte de Lucía Pérez.

El fallo de la Cámara de Apelaciones que otorgó el beneficio a Maciel -por problemas de salud y adicciones- fue controversial y atacado judicialmente por la familia Pérez. No obstante, se le concedió a Maciel, quien afronta cargos por encubrimiento agravado, el arresto morigerado por lo que dure su rehabilitación.

Frente a esta incidencia procesal, y a pesar de que se conocía el estado de precariedad en la habilitación de Vida Digna, el abogado Marceillac radicó la denuncia en Inspección General junto a la madre de la adolescente. A partir de la presentación, personal de ese área municipal se apersonó en Tres Arroyos 78 y constató las irregularidades, por lo cual clausuró el centro de día el pasado 27 de noviembre.

Recién en la jornada de este martes se elevó la notificación al Poder Judicial y pudo saberse que desde la Fiscalía General se solicitó a los juzgados que intervienen en las causas de cada internado dispongan la reubicación.

Por lo pronto las partes no fueron informadas de esta novedad de manera que no se hicieron efectivos los traslados.
Maciel está acusado de ayudar a borrar las huellas que supuestamente quedaron sobre el cuerpo de Lucía Pérez tras el ataque sexual del que fue víctima y su consecuente muerte en el mes de octubre del año pasado. Matías Farías, un vendedor de drogas que invitó a Lucía a su casa, quedó imputado de “abuso sexual seguido de muerte agravado por el suministro de estupefacientes y femicidio”. La misma imputación fue para Juan Pablo Offidani.

La causa espera la resolución de la Cámara de Apelaciones para saber si será elevada a juicio, tal lo resuelto por la justicia de garantías.