¿Qué va a pasar después del 28 de febrero, cuando termine la prórroga que el municipio, a instancias del Ministerio de Trabajo bonaerense, firmó con Tecsan, la empresa a cargo de la disposición final de residuos? ¿El intendente tiene pensado invertir en una campaña que aliente la separación domiciliaria? ¿Se va a acondicionar el playón de contingencia del predio? ¿Qué va a pasar con la licitación que alguna vez impulsó el Ejecutivo para ampliar el predio y construir una planta de tratamiento de líquidos lixiviados? ¿Cuál es, en definitiva, el plan de Carlos Arroyo para la basura?

Esos fueron algunos de los interrogantes que se formularon este jueves los bloques de la oposición en una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, y que quedaron sin respuesta. El oficialismo, que sólo se expresó a través de la radical Vilma Baragiola, logró sin embargo evitar la interpelación del presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), Eduardo Leitao, y del secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle. Al primero lo responsabilizó de ser incapaz de resolver la crítica situación de los residuos; al otro de ser el disparador del conflicto de principios de año, que dejó a la ciudad dos días sin recolección de residuos en plena temporada.

Pero el más cuestionado fue el propio Arroyo: los bloques de Acción Marplatense (AM) y Unidad Ciudadana (UC) directamente dijeron que la situación se desmadró a partir de que él asumió. “Habíamos empezado hace tres años a separar los residuos. Había una planta de separación recién inaugurada y un centro de disposición final. Creamos una tasa. Teníamos acuerdo para poner contenedores. Estábamos dando vuelta la página del basural infame. Y llegó Arroyo”, resumió Santiago Bonifatti (AM). “Este gobierno hizo algo difícil: deshacer lo que se había hecho bien y complicar a la gente”, agregó.

Un tramo revelador de la sesión tuvo lugar cuando tomó la palabra Virginia Sívori (UC). La concejal contó que una funcionaria de ley del Emsur se mostró en desacuerdo, a través de notas internas, con el presupuesto que Mourelle le otorgó a ese ente, que debe controlar la higiene urbana. Según Sívori, la funcionaria advirtió que los fondos “no alcanzan para gastos mínimos”, que el secretario de Economía le solicitó a la dependencia “un ahorro de $ 19 millones” y que “no se contemplan obras para el playón de contingencia”. La concejal mencionó que había reservada una partida de “$ 21 millones” y “algún funcionario” sugirió “sacarla”. “¿Va a desaparecer el Emsur? ¿Quén va a controlar la higiene urbana?”, se preguntó. El silencio oficialista, sobre todo del bloque más cercano a Arroyo (la Agrupación Atlántica), fue atronador.

Mercedes Morro (1País) manifestó su preocupación por la cuestión social: dijo que los trabajadores informales trabajan en condiciones “infrahumanas” en el predio. Marina Santoro (UC) estimó que a fines de 2015 había “300 personas” y ahora hay “más de 500”, entre ellos “muchos niños”. Y Baragiola, cuando arreciaban las críticas opositoras, advirtió que el problema social “no es nuevo, sino que viene desde hace décadas” y recordó la existencia de un “plan social” llevado adelante por el denominado equipo Girsu (de gestión integral de los residuos). Marcos Gutiérrez (UC) admitió que ese programa pervive, pero aclaró que cuenta “cada vez con menos recursos”.

“Es imperioso que vengan a decir qué van a hacer”, lanzó Claudia Rodríguez (AM). “Es imprescindible conocer de boca de los funcionarios el programa que tienen”, la acompañó Ariel Ciano (1País). Pero el oficialismo cerró filas y, a fuerza de votos, no dejó pasar el pedido de interpelación a Leitao y Mourelle. Sólo permitió la aprobación de un pedido de informes para que el Ejecutivo explique qué hará en el playón de contingencias del predio.