Sin garantías de que los proyectos serán aprobados, el gobierno de Carlos Arroyo afrontará hoy en el Concejo Deliberante una jornada decisiva, en la que estarán en juego los recursos con los que contará el municipio para el resto del año.

La maratón legislativa se dividirá en dos partes. En una sesión ordinaria convocada para las 10, los concejales tratarán el presupuesto de la administración central, los entes descentralizados y Obras Sanitarias, que propuso un incremento de 30% en su tarifa. Y en una asamblea de concejales y mayores contribuyentes prevista para las 14 –pero que puede demorarse en función de lo que ocurra con la sesión previa–, el Concejo pondrá en consideración las ordenanzas fiscal e impositiva.

Esas normas, focos de un largo e intenso debate en el seno del interbloque oficialista, incluyen el incremento de la tasa de servicios urbanos (TSU), que el bloque radical no está dispuesto a acompañar en la forma en que fue aprobado de forma preliminar en la sesión de hace dos semanas.

Según el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, la mayoría de las cuentas tendrá un incremento de “entre 70 y 150 pesos mensuales”. Para el bloque de Unidad Ciudadana, que ya anticipó su voto negativo, el promedio de la suba es del “267%”, lejos del “poco más del 22%” que había anticipado Arroyo a fines de diciembre.

En la última sesión, el bloque de la UCR, que avaló el aumento, anticipó que no lo iba a aprobar de forma definitiva si no había correcciones para atenuar el impacto en los contribuyentes. La propia jefa del bloque, Vilma Baragiola, lo dejó en claro con una frase: “No vamos a generar nada que termine castigando al vecino”.

Un concejal radical dejó entrever ayer la intención de conseguir al menos un tope para el incremento de los contribuyentes de las categorías más bajas y de prorratear el aumento retroactivo a los meses en que el municipio no cobró ningún aumento.

En la asamblea de concejales y mayores contribuyentes también están en duda los votos de los otros integrantes del interbloque Cambiemos que no forman parte de la Agrupación Atlántica, la fuerza del intendente.

Por el lado opositor, el bloque de 1País insistió esta semana con su intención de fijar un tope de entre el 15 y el 18% para la totalidad de las cuentas del distrito, mientras que Acción Marplatense, al igual que Unidad Ciudadana, se pronunció en contra de los aumentos en la comisión de Hacienda.

Las ordenanzas fiscal e impositiva, cuyo debate pasa ahora por la TSU, fueron desde diciembre motivo de discordia en el oficialismo por la batería de medidas recaudatorias promovidas por Mourelle. Las normas fueron corregidas en gran parte por el propio secretario luego de que el Ejecutivo pidiera que el Concejo se las devolviera para adaptar al Pacto Fiscal. Otras las eliminaron los concejales en la última sesión. “Rifaron $30 millones”, criticó el funcionario.

Mourelle protagonizó la semana pasada una dura embestida contra el bloque radical, al que lo acusó de “bombardear los planes del Ejecutivo” y de tener “una actitud más de la oposición que del oficialismo”. De inmediato, la bancada, a través de Cristina Coria, lo calificó de “ineficiente e ineficaz”.

El episodio agrietó aún más la deteriorada relación entre el radicalismo y el gobierno de Arroyo, que el martes mantuvieron un encuentro en el que trataron de calmar las aguas (ver aparte).

Esa relación tensa y las duras posturas de la oposición marcarán también el tratamiento del presupuesto y del aumento de OSSE.

Como de costumbre, el cálculo de gastos y recursos fue considerado en la comisión de Hacienda con la presencia de funcionarios municipales, que señalaron las prioridades de sus respectivas áreas. Pese a que la UCR la solicitó, el proyecto no contiene la ordenanza complementaria, que establece, entre otros datos, las remuneraciones y bonificaciones del personal municipal y, según advirtieron fuentes del oficialismo, puede ser eje de un próximo debate.

En cuanto a la tarifa del agua, Obras Sanitarias había solicitado en diciembre una suba del 20%, pero al demorarse el tratamiento del proyecto le incorporó otro 10% en virtud de los mayores costos para financiar la prestación del servicio.

La demora en el tratamiento de estas iniciativas oficiales, que generalmente son tratadas a fin de año o en enero, también obedeció al tiempo que se tomó el Concejo para conformar sus comisiones internas.