Si bien el debate sobre el presupuesto municipal para el ejercicio 2018 sigue postergándose, sus números vienen siendo analizados desde hace tiempo por los concejales, algunos de los cuales tienen previsto plantear sus reservas en relación las propuestas de gastos formuladas por la gestión del intendente Carlos Arroyo.

Si bien desde el propio interbloque de Cambiemos ya fueron insinuadas ciertas objeciones, como era de esperar las críticas más fuertes están proviniendo desde la oposición, expresando discrepancias con el criterio utilizado por el Ejecutivo para definir el destino y la magnitud de algunas partidas.

Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con el significativo aumento impulsado para el presupuesto del Intendente, el cual pasaría de los 27,9 pesos autorizados en 2017 a una cifra de 84,6 millones para 2018.

Los números de esta jurisdicción son los que más llamaron la atención entre los concejales de Unidad Ciudadana, quienes en un informe compartido dentro del bloque, subrayaron que con una suba interanual del 300%, la partida del Intendente sería la que más aumento registraría en todas las áreas de la Municipalidad.

Si bien el dato aparece como un motivo para que la oposición formule sus críticas, tampoco está pasando inadvertido para la bancada oficialista, que aún no logra explicarse las razones que llevaron a proponer semejante incremento.

Observando los números se advierte que buena parte del aumento se basa en la decisión de elevar los gastos en el personal de esa área, los cuales pasarían de los 22 millones de pesos otorgados en 2017 a un nuevo valor de 46 millones, registrando una diferencia de casi el 110%.

Otra gasto en el que también se advierte una suba relevante es el de los bienes de consumo para el “diligenciamiento, ejecución y puesta en marcha de las decisiones del intendente”, que pasarían de 75 mil a 1,2 millones de pesos.

Otras subas y recortes

Según el análisis de la bancada de Unidad Ciudadana al que tuvo acceso LA CAPITAL, en el caso de la Secretaría de Gobierno, el gasto pasaría de los 680 millones asignados en 2017 a una nueva cifra de 850 millones de pesos.

En este caso, lo llamativo es la eliminación del ítem del presupuesto para las sociedades de fomento, el cual ahora aparece sin ser discriminado dentro de los gastos de las Delegaciones Municipales, las cuales dedican la mayor parte de sus erogaciones al pago de sueldos.

Por otro lado, los autores del análisis advirtieron que la Dirección de Derechos Humanos, dependiente de Gobierno, registraría un aumento de presupuesto casi ínfimo durante este año, ya que pasaría de los 3,5 millones asignados en 2017 a contar con 3,9 millones en el actual ejercicio, de los cuales 3,7 millones estarían dedicados al pago de sueldos.

Entre los gastos previstos para la Secretaría de Hacienda, cuyo monto del ejercicio sería de 354 millones de pesos (en 2017 fue de 285 millones), se detectó que el Ejecutivo tiene previsto incrementar en un 25% los recursos dedicados a la recolección de residuos.

De este modo la cifra pasaría de los 744 millones de pesos presupuestados para 2017 a un nuevo valor de unos 1000 millones para 2018.

Cabe señalar que según lo previsto la recolección de residuos se llevaría el 12% del total del gasto anual de la Municipalidad.

Otro dato llamativo es la eliminación del ítem destinado a financiar el Presupuesto Participativo, lo que hace suponer que el gobierno adoptó decisión de eliminar ese programa.

En el caso de Desarrollo Social, la inversión prevista para este año asciende a unos 512 millones de pesos, contra los 393 millones de 2017.

Lo que llamó la atención en esta área es la decisión de retraer el gasto de la Dirección de la Mujer en un 0.38% en términos relativos, ya que los mayores fondos otorgados serían consumidos por el pago de sueldos.

Por otro lado, los números de la Secretaría de Educación indican que el presupuesto de este año ascendería a los 957 millones de pesos, de los cuales unos 800 millones se irían en el pago de salarios, lo que es financiado por la Nación y la Provincia.

Otra área en la que se perciben recortes es la Secretaría de Seguridad, la cual pasaría a tener este año un presupuesto de 105 millones de pesos, contra los 137 millones asignados el año pasado, por reducciones en los programas de Protección Ciudadana y de Prevención de la Policía Local.

En tanto que para la Secretaría de Obras, el gasto previsto asciende a los 530 millones de pesos, contra los 481 millones del ejercicio anterior.

No obstante, según el análisis de la oposición, la inversión en obra pública, estimada en 388 millones de pesos, registraría una reducción con respecto a los 404 millones del año pasado.

De aquél monto, el municipio pretende dedicar unos 143 millones a realizar inversiones nuevas, mientras que los 254 millones restantes estarían orientados a ejecutar obras que aparecen de manera repetida, ya que que su realización no se cumplió durante el año pasado.

Todas estas cifras fueron extraídas del proyecto del cálculo de gastos presentado a comienzos de diciembre por el Ejecutivo ante el Concejo Deliberante.

Sin embargo, aún no fueron sometidas a un debate formal por los concejales, debido a la fuerte polémica que generaron las propuestas vinculadas a los ingresos.

Entre ellas, el secretario de Economía, Hernán Mourelle, había impulsado aplicar una quita generalizada de exenciones y gravar con el cobro de tasas a la actividad primaria y a las operaciones de comercio exterior realizadas por todas las empresas radicadas en General Pueyrredon.

Las medidas generaron tal resistencia que obligaron al Ejecutivo a pedir la devolución del proyecto de las ordenanzas fiscal e impositiva, que son las que determinan qué tributos cobrará la comuna durante el ejercicio.

Sin ese instrumento aún definido, los concejales siguen sin poder avanzar con el análisis del presupuesto, ya que todavía no se sabe a ciencia cierta cuánto dinero, según el Ejecutivo, ingresará a la Municipalidad durante este año.