Diez funcionarios de la sede marplatense del PAMI fueron imputados y llamados a prestar declaración indagatoria en el marco de una causa por presuntas maniobras defraudatorias de las que habría sido víctima el Estado nacional, representado por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjyp).

El accionar se daba a través de la presentación de numerosas facturas apócrifas correspondientes a presuntas prestaciones odontológicas brindadas a afiliados, que en realidad nunca fueron llevadas a cabo.

En el marco de esta causa, en la que interviene el fiscal federal Nicolás Czizik y el juez Santiago Inchausti, ya fueron procesadas cuatro personas, en octubre de 2014. Dos de ellas, como autoras del delito, eran responsables de la firma que desplegó el accionar: conformaron, para lograr el pago de las facturas apócrifas por parte del Estado, distintas sociedades a fin de ofrecer al Instituto Nacional servicios médico-odontológicos mediante “intermediarios”. Estos eran sociedades que en su mayoría estaban conformadas por personas fallecidas o inexistentes. Otra de las personas procesadas era el encargado de confeccionar y presentar las liquidaciones de la firma y los cheques, que luego eran cobrados por el cuarto procesado, quien utilizaba un DNI a nombre de otra persona, “obteniendo de esta manera un claro pero indebido beneficio patrimonial y disimulando la ruta del dinero”, según explicitó el magistrado.

La investigación también se orientó a determinar la presunta connivencia tanto de funcionarios públicos del Banco de la Nación Argentina –donde una persona que se hacía pasar por otra cobraba los cheques-, como del propio Inssjyp, que operó durante un prolongado período de tiempo con sociedades constituidas por personas inexistentes o fallecidas.

En un dictamen de febrero de 2015, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que los funcionarios de éstas dos instituciones, como así también los escribanos intervinientes, podrían haber conformado junto a los particulares procesados, una asociación dedicada a defraudar sistemáticamente a la administración pública nacional, pudiendo configurar delitos de corrupción.

El avance de la pesquisa sumó nuevos elementos de prueba: en agosto de 2016 el apoderado del PAMI, por orden del Juzgado actuante, entregó una serie de expedientes de facturación presentados por la misma firma investigada, entre 2003 y 2008. El dato llamativo es que todas esas presentaciones fueron hechas por el socio gerente de la SRL, que había fallecido en 2005.

Ante la presunción que podría haber en la sede de PAMI otros expedientes irregulares, a fines de ese mes, se llevó adelante un allanamiento, donde se secuestraron numerosos expedientes de facturación presentados por la misma firma, también por prestaciones odontológicas, que habrían sido presuntamente otorgadas entre 2005 y 2016. A pesar de los operativos desplegados, no pudo darse con el contrato firmado por el INSSJyP y las sociedades investigadas, lo que acredita –para el magistrado- las sospechas sobre las irregularidades. Las hipótesis al respecto son dos: o nunca existió ese contrato, o lo hicieron desaparecer.

Ante la sospecha que se pudieron haber desarrollado nuevas e idénticas maniobras a las ya constatadas, es que se amplió el objeto procesal. De esta manera, fueron llamados a prestar declaración indagatoria los diez funcionarios de PAMI, de las áreas de auditoría, administración, asuntos jurídicos y contable; y se ampliará la indagatoria a los cuatro procesados hasta el momento.

A su vez, el juez resolvió citar como testigos a 16 odontólogos y 10 afiliados, cuyos nombres podrían haber sido utilizados para las maniobras. Asimismo solicitó diversa información al Banco Nación; requirió al Inssjyp los cuerpos de expedientes administrativos faltantes que habían sido solicitados oportunamente; y dispuso la profundización de la investigación en relación a otras tres personas.