La ciudadanía se conmovió por dos hechos policiales que, lamentablemente, volvieron a poner a Mar del Plata en todos los medios nacionales, e incluso en muchos del exterior. El aberrante asesinato de la adolescente Lucía Pérez, y la muerte de un bebé, imputada a sus padres -con antecedentes en un hecho de similares características- movilizaron a los marplatenses. Paralelamente, los empresarios más importantes del país debatían en la ciudad, con la participación también de la gobernadora, el Presidente de la Nación, y numerosos ministros en el coloquio de IDEA. “Mar del Plata pasó a ser la ciudad infeliz”, disparó el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, uno de los tantos que pasó por la ciudad, definiendo el ánimo de esas horas.

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“Queremos que la perpetua sea perpetua”, reclamó el hermano de Lucía durante los actos y reclamos por pedidos de justicia tanto en la ruta, en la zona de Playa Serena, como frente a la Municipalidad. Hacía tiempo que no calaba tan hondo el repudio social ante un hecho delictivo en esta ciudad. Los padres de la víctima no sólo tienen que vivir en estas horas con ese profundo dolor, sino que además están siendo amenazados. Tres personas se encuentran detenidas, y es de esperar que la Justicia actúe con celeridad para determinar claramente lo sucedido. La actuación policial, debe consignarse, fue impecable, logrando rápidamente las detenciones.

Miles de marplatenses se mostraron conmovidos por el brutal crimen de la adolescente Lucía Pérez. Un hecho que motivó además la realización de otras marchas y protestas en el resto del país.

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Como sucedió meses antes, cuando leyendo el diario durante el desayuno se notificó que uno de sus funcionarios, Miguel Angel Guzmán, había destrozado una camioneta oficial en San Luis, en visita privada, decidiendo inmediatamente el despido del mismo, el intendente, el pasado viernes, no daba crédito a lo que leía en las páginas de LA CAPITAL. Arroyo leyó que “el director general a cargo del programa Control y Supervisión de los Servicios de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad de la comuna”, Cristian Prada, era el abogado defensor de Juan Pablo Offidani, uno de los detenidos por el crimen de Lucía Pérez. Inmediatamente reclamó la presencia en su despacho del secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, y de su yerno, Mauricio Loria, ambos integrantes de la “mesa chica”, donde se toman las decisiones, según el mismo intendente había señalado días atrás. “¿Eso es cierto?”, preguntaba mostrando el artículo a sus dos estrechísimos colaboradores…

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Lo cierto fue que, cinco días después de haber asumido la defensa de un imputado por el femicidio, tanto Loria como Vicente -ambos ligados a Prada profesionalmente- reconocían ante el intendente que efectivamente, se trataba de un funcionario municipal, y para peor, de la Secretaría de Seguridad. “Echenlo ya mismo”, bramó el jefe comunal, quien seguía sorprendido ante semejante acto de torpeza política. “Otra vez no cuidaron al intendente”, se indicaba en la privada, mientras hasta Jorge Rial tuitiaba que un funcionario de la Secretaría de Seguridad defendía a un supuesto asesino. En la noche del viernes, en tanto, oficialmente, tras recibir Arroyo a los padres de la adolescente asesinada, la Municipalidad informó oficialmente sobre el despido de Prada, En cuanto al detenido Offidani, finalmente terminó asesorado por un defensor oficial. “Su familia no quiere saber más nada. Están destruidos”, se indicó.

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La gobernadora María Eugenia Vidal y varios ministros -como el de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, y el de Justicia de la Nación, Germán Garavano- directamente desde Mar del Plata, pedían precisiones y ofrecían colaboración para esclarecer el caso. Mientras tanto, en ámbitos relacionados con la investigación, se consignó que hay escuchas entre los detenidos que incluso conducirían al “dealer” que proveía la droga a por lo menos dos de los detenidos. “Queda mucho por investigar”, aseguró una fuente policial que conoce la causa al dedillo. Entre otras cosas, quién borró el perfil de las redes sociales de Alejandro Maciel -el tercer detenido, en Santa Clara del Mar- durante la madrugada de esa agitada jornada.

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El otro hecho que causó estupor fue el del fallecimiento de la bebé Yazmín Milagros, cuyos padres fueron imputados por abuso sexual y homicidio. A esta misma pareja ya se le había muerto una bebé de cinco meses, en 2013, bajo circunstancias sospechosas. Incluso, un informe médico preliminar mencionó la presencia de cocaína en la sangre de la bebé aunque esto no pudo ser ratificado posteriormente. A raíz de aquel fallecimiento y de otras circunstancias de alarma y riesgo para los demás hijos -otros tres- la Justicia ordenó quitarle al matrimonio la tenencia. Los chicos fueron dados en adopción y la pareja inició una campaña para recuperarlos, patrocinada por la ONG EnRed de Mar del Plata, que a través de un documento, en las últimas horas, hizo saber que desde 2015 no tenían contacto con la mujer.

Lucía Sosa y Javier Picart, los padres de la beba asesinada, cuando junto a la licenciada Patricia Gordon, luego de otro hecho de similares características, reclamaban por la tenencia de sus hijos. Hoy están detenidos.

Los recientemente detenidos Lucía Sosa y Javier Picart, los padres acusados de este más que repudiable crimen, junto a la psicólogo Patricia Gordon hicieron intensas campañas en los medios denunciando esa “tragedia familiar insoportable”, tras haber sido alejados de sus hijos luego de la muerte de Candela Milagros, en 2013. “Lucía y Javier -señalaba la psicóloga que en estas horas ha borrado varias páginas de su facebook- vienen sufriendo violencia institucional de parte de los poderes médico, judicial y eclesial”. La profesional -en las redes sociales se recordaba su actuación en otro caso doloroso – también exigía la inmediata restitución de los hijos de Sosa y Picart. “Frente a esta situación solicitamos la adhesión de organizaciones sociales, organismos de Derechos Humanos, partidos políticos y personas particulares”. Y se convocaba a los medios “a difundir la firme determinación de estos padres de luchar para que sus hijos vuelvan al hogar de donde nunca debieron ser apartados”.

Parte  de la historica clínica, donde se refiere al Sindrome de Munchausen de la madre hoy detenida  

A partir de este fallecimiento, médicos, abogados y algunos funcionarios judiciales se muestran en estas horas indignados. Mientras no se descarta que se pida reabrir la causa, por la muerte en agosto de 2013, de Candela Milagros. Además, trascendió en las últimas horas que en la historia clínica de ese caso, los profesionales del Hospital Materno Infantil, hacían referencia al Síndrome de Munchausen que sufriría la madre. Este síndrome es una enfermedad mental y una forma de maltrato infantil. El cuidador del niño, con frecuencia la madre, inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que parezca que el niño está enfermo. Esa situación se consignaba en el informe del Materno del 15 de agosto de 2013, dos días antes de la muerte de Candela. En ese escrito, los médicos refieren datos sobre el egreso de la menor -volvería pocas jornadas más tarde, ya para morir- y se menciona que los relatos de la madre “son confusos y disimiles”. No obstante, Gordon y otros profesionales aseguraron que la mujer estaba en condiciones e insistieron con la idea de su aptitud para la maternidad.

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Patricia Gordon dio a conocer un documento de la ONG enRed, en las últimas horas, sobre su relación con el caso. “En 2015 -señala textualmente- tomamos conocimiento de posibles situaciones de violencia del padre de la niña fallecida hacia la madre de la misma. En ese momento instamos a la señora a tomar distancia y a efectuar la denuncia correspondiente como requisito fundamental para la continuidad del tratamiento. Su negativa, su retractación posterior y su falta de compromiso con el abordaje propuesto, determinaron que no se continuara con la intervención, ofreciendo la derivación a una sala municipal y comunicado esta decisión a ECCO (Equipos de Casos Complejos de la Municipalidad), tal como constante en la historia clínica”. Atrás quedaba entonces el acompañamiento mediático a quienes clamaban por sus hijos, ahora imputados de los delitos de abuso sexual seguido de muerte y homicidio agravado por el vínculo.

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En relación a este caso, debe recordarse la tarea que se desarrolló en el Hogar de Belén, desde donde, finalmente lograron que uno de los siete hijos de este matrimonio, haya quedado al cuidado -sin adopción-. de una pareja marplatense. Dos cuestiones no dejan de llamar la atención de quienes trabajaron cerca de los niños del matrimonio hoy detenido durante todos estos años: la gran cantidad de niñeras -chicas muy jóvenes- que empleaban Lucía Sosa y Héctor Picart en Mar del Plata, y los numerosos viajes que se realizan hacia y desde Formosa, de donde es oriunda la mujer. Todo esto, más allá de haber constatado los malos tratos hacia los niños. “Hay gente en el Materno que sufrió mucho con todo esto. Los vi llorar de impotencia cuando constataron que la Justicia les volvía a dar los chicos a esta gente. Quizás hasta se podría haber evitado otra muerte”, señaló casi quebrándose una abogada que trabajó en el Hogar de Belén.