Con la declaración de la emergencia ambiental, la gestión del intendente Carlos Arroyo tendrá las manos libres para decidir sobre el destino de más de 150 millones de pesos, que es la cifra que según figura en el proyecto del presupuesto del Ente Municipal de Servicios Urbanos, estaría dedicada durante este año a financiar los gastos de la disposición final de residuos.

La medida que aprobaría hoy el oficialismo, le concedería al Ejecutivo la facultad de contratar de manera directa la operación y el mantenimiento de un predio que está a punto de colapsar, y que adicionalmente, requiere de la realización de obras millonarias para revertir su actual estado de deterioro, producto de una notoria falta de inversiones y de incumplimientos en sus pautas de funcionamiento.

De haberse respetado el programa diseñado originalmente, el centro de disposición final ya debería tener nuevos sectores para disponer basura, una nueva planta de tratamiento de líquidos lixiviados, una báscula para realizar el pasaje de los camiones (la actual está rota) y contar con algunos elementos de infraestructura y servicios básicos para que los recuperadores puedan realizar su tarea en mínimas condiciones de seguridad.

Además, la operación y el mantenimiento del lugar ya tendría que estar en manos de una empresa que hubiese accedido a la prestación de ese servicio a través de un proceso de licitación, tal como ocurrió originalmente con Tecsan SA.

A esta altura resulta más que claro que la mayor cuota de responsabilidad por el pésimo estado del predio recae sobre el actual gobierno, cuyos funcionarios por momentos parecen alegar su propia torpeza para solicitar la declaración de la emergencia.

Esta semana el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, y el presidente del Ente de Servicios Urbanos, Eduardo Leitao, acudieron al Concejo Deliberante para brindar explicaciones y allí describieron todo lo que la gestión del intendente Arroyo no hizo durante los últimos dos años y relataron por qué el gobierno tampoco pudo resolver con la debida anticipación y de un modo razonable cómo garantizar la continuidad del servicio de operación y mantenimiento del predio que hasta las próximas horas será prestado por Tecsan SA.

Allí, Mourelle reveló que una de las opciones que maneja el Ejecutivo ni siquiera partió de la imaginación de sus propios funcionarios sino que provino del gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde existe alarma por el desmanejo de la situación.

Según dijo, una de las alternativas consiste en “aceptar una propuesta del Ceamse” que “ofreció hacerse cargo” cobrando por sus servicios unos 12,5 millones de pesos al mes.

Multiplicada por los 12 meses del año, esa cifra hace un total de 150 millones de pesos, mucho más de lo que el gobierno calculó gastar en el mantenimiento y la operación del predio, lo cual constituye apenas un ítem dentro del rubro Disposición Final.

Falta de transparencia

El hecho de que la situación de crisis obligue a adoptar una decisión contra reloj, pasando por alto los procedimientos que eran esperables para este caso, motivó un llamado de atención de parte de la concejal de la Coalición Cívica, Angélica González.

A pesar de integrar el interbloque de Cambiemos, la concejal votó en contra de la emergencia advirtiendo que esta medida tiene “implicancias preocupantes” en materia de transparencia.

Puntualmente reprobó la posibilidad de que el Ejecutivo pueda contratar el servicio de manera directa porque genera “ausencia de control y libre disponibilidad y reasignación de partidas presupuestarias”.

A pesar de que la Municipalidad deba resolver quién se hará cargo del predio a partir del 1 de marzo todavía no está claro cuál será esa decisión.

Por lo pronto hoy el Concejo le otorgaría al gobierno la posibilidad de disponer a su criterio de una millonaria partida presupuestaria, sin tener indicios claros sobre a quién terminará contratado, por qué plazo ni a qué valores.

Además, la declaración de la emergencia, tal como está planteada se extendería por 360 días, que se si los considera hábiles, recién concluirían en agosto de 2019.

La cuestión fue advertida esta lunes por el concejal de Acción Marplatense, Santiago Bonifatti, quien recordó que a comienzos de 2017 el Ejecutivo había elevado un proyecto de ordenanza para licitar la operación y el mantenimiento del predio, además de sus obras de ampliación, por un monto de 301 millones de pesos.

Bonifatti señaló que si se hubiera cumplido con ese plan, la cuestión ya estaría resuelta a un costo económico mucho menor que el que podría demandar en la actualidad.

“Ahora se van a gastar entre 65 y 75 millones de pesos para realizar algunas de las obras que no se hicieron y si a eso le sumamos la posibilidad de que el Ceamse sea contratado para operar el predio por 150 millones de pesos por año (cuando se calcula que Tecsan SA percibió unos 80 millones anuales) estamos hablando de que en dos años se habrán gastado entre 365 y 375 millones”, indicó.  “Estamos frente a un salto enorme en el gasto por no haber hecho las cosas a tiempo”, advirtió.