El fiscal federal Eduardo Taiano pidió hoy la elevación a juicio oral de la ex presidenta Cristina Fernández en la causa conocida como “dólar futuro”, donde está procesada por “administración infiel en perjuicio de la administración pública”.

Lo hizo al responder la “vista” que le formuló el juez federal Claudio Bonadio, tras considerar “completa” la investigación en la que, además de la ex mandataria, están procesados el ex ministro de Economía Axel Kicillof y el ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli, entre otros.

Cristina Kirchnes tuvo, además, un embargo de 15 millones de pesos, que derivó en la inhibición general de sus bienes.

Taiano firmó hoy el dictamen, de unas 100 páginas, que en los hechos es la acusación del fiscal contra los imputados y la base fáctica sobre la que deberá realizarse el juicio oral y público, informaron fuentes judiciales.

Ahora resta que el juez le “corra traslado” a las partes para que manifiesten sus posturas, y en esa instancia pueden oponerse al pase a juicio, consentirlo o pedir su sobreseimiento.

Bonadio procesó a Fernández por “administración infiel en perjuicio de la administración pública” y dijo que “hizo uso de una estructura de poder que presidía en razón de su cargo, para implementar una operatoria que vulneró las arcas públicas”.

“Es impensable que una operación financiera de esta magnitud (…) sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional (…). Resultó evidente que la entonces presidente de la Nación impartió instrucciones -que sin duda fueron elaboradas conjuntamente- a su ministro de Economía para que esta operación financiera se lleve a cabo”, afirmó el juez.

Ni la ex presidenta ni Kicillof apelaron el procesamiento de primera instancia y anunciaron públicamente su intención de que la causa llegue rápidamente a la etapa de debate. No obstante, difícilmente ello vaya a ocurrir antes de fin de 2017.

También están camino al juicio oral los ex funcionarios Miguel Angel Pesce, Pedro Biscay, Alejandro Formento, Germán Feldman, Cristian Girard, Guillermo Paván, David Jacoby, Bárbara Domatto Conti y Mariano Beltrami.

Según la imputación, las operaciones de “dólar futuro” dispuestas en el final del gobierno de Cristina Fernández causaron a las arcas públicas un perjuicio del orden de los 17.000 millones de dólares.

“De acuerdo a las directivas impartidas por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y su Ministro de Economía, Axel Kicillof, los Directores del Banco Central de la República Argentina Alejandro Vanoli Long Biocca, Miguel Angel Pesce, Flavia Matilde Marrodán, Bárbara Emilia Domatto Conti, Alejandro Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano Beltrani, Germán David Feldman, Pedro Martín Biscay y Sebastián Andrés Aguilera, utilizando de manera impropia las atribuciones y competencias de sus respectivos cargos, adoptaron las medidas de carácter técnico administrativas que permitieron a la entidad vender entre los meses de septiembre y noviembre de 2015, contratos de dólar futuro a valores inferiores al precio de mercado”, detalló Taiano en el escrito presentado ante Bonadio.

Los encargados de la Comisión Nacional de Valores (CNV), en tanto, habrían llevado a cabo “diversas acciones de carácter técnico administrativas en violación directa de las competencias y deberes de sus cargos, coadyuvando a la operatoria ilegal que estaba realizando el BCRA”, añadió.

Taiano consideró que “las consecuencias dañosas para el patrimonio del BCRA” surgen de las pérdidas netas verificadas “en función de lo abonado por la entidad como consecuencia de los Contratos de Futuros de Dólar negociados entre los meses de septiembre y diciembre de 2015”.

Precisó que desde su directorio se “adoptaron las medidas necesarias para su consecución y dictaron las resoluciones que permitieron ampliar de 10.000 millones a 20.000 millones de dólares, en tan solo un mes, el límite de las posiciones abiertas de la entidad en los mercados de futuros de dólar”.

“En virtud de ello, el BCRA vendió U$S 13.415 millones en este tipo de contratos negociándolos por debajo del precio”, agregó el fiscal.

Por último Taiano indicó que los acusados deberán responder como coautores penalmente responsables de administración fraudulenta en perjuicio del patrimonio estatal, aunque a Girard, Paván y Jacoby los imputó “en calidad de partícipes necesarios