El municipio recurrió una vez más a la Justicia para impedir los cortes de calle y los acampes que se realizan en las puertas del Palacio Comunal para protestar.

La presentación se realizó ayer ante el Ministerio Público Fiscal a raíz de los cortes de cooperativistas. Esta denuncia se suma a las realizadas el 7 y 8 de este mes. Desde el municipio señalaron que con estas acciones “se busca que la autoridad pública -sin impedir el derecho a reclamar- cese en la ocupación indebida e ilegítima de la vía pública que afecta notoria y gravemente el tránsito vehicular y el transporte público urbano de pasajeros”.

Desde hace varios días, manifestantes realizan un acampe en las inmediaciones del palacio municipal. Se trata de integrantes de las cooperativas MTR, La Nueva Esperanza y Votamos Luchar.

Los cortes en cercanías del municipio son una constante. Principalmente, los realizan integrantes de cooperativas u organizaciones sociales, en busca de respuestas a sus reclamos. Luego de algunas negociaciones, generalmente se levantan los cortes pero las soluciones siempre son parciales: no pasan muchos días para que la calle se vuelva a cortar.

La protesta, además de provocar un caos en el tránsito, genera complicaciones a los comerciantes de la zona que se ven perjudicados y ya han expresado su rechazo.

El intendente Carlos Arroyo había anticipado la nueva presentación judicial. “Vamos a hacer por cada día de corte de tránsito, una denuncia correspondiente. Es una abierta violación al artículo 194 del Código Penal que establece que entorpecer el transporte de personas es un delito”, anticipó.

“Así como hay derecho a la protesta hay derecho a circular por el territorio. No tienen derecho a contaminar con quema de gomas. Mi intención es hacer respetar la ley, pero lo tiene que hacer la Justicia y la policía”, remarcó el jefe comunal.

Los reclamos del municipio a la Justicia para resolver esta problemática no son nuevos.

Durante el 2017 el ejecutivo hizo dos presentaciones, una en marzo y otra en julio, y ambas fueron rechazadas. Entre los argumentos, el gobierno local entendía que las protestas frente al palacio comunal debían dejar abierta al menos una mano al tránsito vehicular, al tiempo que se pronunciaba en contra de la quema de neumáticos en la vía pública. Sin embargo, la interpretación del Tribunal fue que ese tipo de reclamos deben solucionarse a través de la vía del diálogo político y no mediante la intervención judicial.