Dos empresas locales dedicadas a brindar el servicio de televisión por cable advirtieron que se verían obligadas a ponerle fin a su actividad y a despedir a su personal como consecuencia de la decisión de la Municipalidad de dejar sin efecto al cobro reducido de las tasas por Derechos de Uso de Columnas de Alumbrado y por Derechos por Tendido de Red Aérea.

El planteo fue realizado por Fernando Alfonso, apoderado de ambas compañías, quien presentó una nota en el Concejo Deliberante solicitando la revisión de la medida contemplada en el proyecto de la ordenanza fiscal impulsado por la gestión del intendente Carlos Arroyo.

Una de las empresas afectadas es Esede Cable SRL y la otra Batán TV S.A, las cuales desarrollan su actividad comercial entre los barrios de El Faro y La Serena y en la localidad de Batán y la zona de Chapadmalal.

En el escrito, Alfonso destacó que ambas firmas prestan sus servicios en zonas “de baja densidad poblacional” y “rurales”, lo que les exige mantener un tendido de cables “muy extenso”.

Por esa razón ambas sociedades gozan desde el año 2000, cuando iniciaron sus actividades, de una reducción de tasas que se mantuvo vigente hasta el año 2016.

Pero “sin argumento ni fundamento alguno y sin haber variado las circunstancias objetivas, en la ordenanza fiscal e impositiva de 2017 y en el proyecto de ordenanza de 2018″ el Ejecutivo dispuso retirar ese beneficio.

De este modo, una de las empresas pasaría a pagar en concepto de tasas “dos veces más” de lo que abona en la actualidad y la otra una cifra “cinco veces superior”.

Por lo tanto “los importes serían descomunales y desproporcionados en función de las ganancias producidas y harían que la actividad comercial se vea altamente perjudicada, acarreando la ineludible consecuencia de su conclusión”, advirtió el apoderado.

Asimismo explicó que debido a las características “sociales y geográficas” que existen en las zonas donde ambas empresas prestan sus servicios, sus tarifas son “por demás inferiores” a las de otras operadoras.

Por eso ambas firmas “cuentan con una estructura armada en función del pago reducido de tasas” lo que les permite contar con su actual dotación de personal y “prestar un servicio a valores sociales, en zonas de difícil acceso“, argumentó.

Y en ese sentido Alfonso advirtió que al quedar sin efecto el cobro reducido de tasas, las compañías tendrían una fuerte suba de costos, lo que provocaría “la conclusión de su actividad comercial” y el “despido intempestivo de su personal”.

En este sentido, el apoderado también argumentó que “el pago de una tasa reducida” puede ser considerado como “un derecho adquirido” que no puede ser “alterado de un día para el otro sin que cambien las circunstancias objetivas del caso y sin haber propuesto soluciones alternativas”.

Además, inscribió la medida en el marco de las “medidas recaudatorias” impulsadas por la gestión del intendente Carlos Arroyo, destinadas a captar mayores ingresos para el municipio incrementando al presión fiscal sobre distintas actividades productivas y económicas, generando así “una amenaza inminente” sobre quienes las desarrollan.