En las próximas semanas el Congreso Nacional podría darle malas noticias a los bonaerenses en general y los marplatenses en particular si se toma una decisión que puede perjudicar la industria y el comercio locales y que debe ser explicada. A fines del año 2015, entre la primera y la segunda vuelta electoral, la ex Presidenta Cristina Kirchner dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia mediante el cual estableció subsidios a las exportaciones que se despacharan desde los puertos ubicados al sur del Río Colorado, en la región patagónica. Si bien el decreto habla de “reembolsos” lo cierto es que técnicamente no lo eran por lo que en la práctica se trató lisa y llanamente de subvenciones.

Lógicamente semejantes privilegios para los puertos patagónicos, concedidos muy extrañamente en pleno proceso electoral presidencial, significaron un claro perjuicio para el resto de los puertos del país, y muy particularmente los bonaerenses de Bahía Blanca, Quequén y Mar del Plata. El decreto resultaba abiertamente inconstitucional al menos por dos vías.

Por un lado violaba el artículo 12 de la Constitución Nacional que dice con toda claridad que “en ningún caso” pueden “concederse preferencias a un puerto respecto de otro, por medio de leyes o reglamentos de comercio.”

Por otro lado resultaba también inconstitucional por ir directamente en contra de un Tratado Internacional al que adhirió nuestro país, mediante el cual se creó la Organización Mundial del Comercio y se estableció, en uno de sus anexos, la obligatoriedad de eliminar progresivamente las subvenciones a las exportaciones y no aumentar el nivel de las mismas. El artículo 75, inciso 22 de la Constitución es muy claro cuando dice textualmente que “Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.”

Además del aspecto estrictamente constitucional, el decreto afectó la competitividad de los puertos bonaerenses con las lógicas consecuencias negativas en cuanto a merma del comercio e inversión y aumento del desempleo regional. No pocas empresas bonaerenses se trasladaron al sur para operar desde los puertos beneficiados por el decreto, lo que, lejos de significar una mejora genuina en la economía de la región patagónica, era en realidad una burda y artificial distorsión del mercado, configurando así una intervención estatal completamente arbitraria, inconstitucional y sin beneficio real alguno.

Desde un enfoque internacional, el incumplimiento de un Tratado Internacional, además de constituir una violación jurídica, inevitablemente acarrea consecuencias políticas negativas difíciles de medir, que pueden ir desde afectación general de relaciones bilaterales, imposición de costos adicionales a empresas nacionales por aplicación de reciprocidad por parte de los Estados afectados, pérdida de confianza ante posibles nuevos tratados hasta incluso demandas judiciales en foros locales o internacionales.

Para resolver semejante insensatez, el Presidente Macri dictó a fines del año 2016 un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia, precisamente, derogando el anterior, restableciendo así la vigencia constitucional y mejorando sustancialmente la competitividad de numerosas industrias bonaerenses.

De acuerdo a nuestra legislación el decreto debe ser analizado primero por una Comisión Bicameral y luego por las dos Cámaras del Congreso Nacional en pleno y si ambas deciden rechazarlo pierde vigencia, recobrando valor el decreto anterior.

La Comisión ya se expidió rechazándolo por decisión de la mayoría kirchnerista -aunque increíblemente en su dictamen reconoce que el decreto viola un Tratado Internacional- por lo que no cabe descartar la posibilidad de que se sumen otros bloques por la negativa, con clara intencionalidad política y con total desapego por la Constitución Nacional. Una vez más.

Adicionalmente, restituir la vigencia del anterior decreto obligaría a reponer los reembolsos con el fuerte incremento en el gasto público que ello implica, justamente en momentos en que ello constituye el principal obstáculo para el definitivo despegue económico del país. Ello además de que les seguiríamos exigiendo a los argentinos de todas las latitudes que sigan contribuyendo forzosamente a solventar las crisis económicas patagónicas.

Es imprescindible defender la vigencia del decreto del Presidente Macri, no ya desde una visión coyuntural o localista sino desde una concepción de largo plazo, en la que no se discrimine entre regiones privilegiando inconstitucionalmente a unas sobre otras y en la que se progrese sin pausa en una inserción internacional que permita abrir nuevos mercados para que nuestras empresas tengan mayor rentabilidad y creen más y mejor empleo.

Por iniciativa nuestra la Cámara de Diputados provincial, por unanimidad, respaldó el dictado del decreto presidencial, pero debemos continuar con acciones que garanticen la continuidad de la vigencia del mismo.
Las fuerzas vivas de la ciudad y la provincia, y particularmente las dirigencias empresarial, sindical y política, deben aunar esfuerzos, difundir la situación y hacer llegar nuestra firme opinión a todos los legisladores nacionales en defensa de la Constitución Nacional, la producción y el trabajo.

(*):  diputado provincial por Cambiemos.