El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, afirmó este sábado que el gobierno nacional “respeta tanto al sistema interamericano como la autonomía provincial”, en relación a la medida cautelar dictada este viernes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicitó “medidas alternativas a la detención preventiva” de la dirigente Milagro Sala “como el arresto domiciliario”.

“No podemos inmiscuirnos más allá de trasmitir esta recomendación y las autoridades judiciales evaluarán qué decisión toman. Somos respetuosos de las recomendaciones de la CIDH pero también de las decisiones de los jueces de la provincia de Jujuy”, afirmó Garavano en declaraciones a radio La Red, luego de conocerse la medida.

Según el ministro, la decisión de la CIDH debe leerse como “una recomendación con una tónica humanitaria por las condiciones en las que los mismos comisionados que estuvieron en Jujuy encontraron a la propia Milagro Sala”.

Garavano precisó que en el país existen 1.500 casos de personas bajo dispositivos electrónicos que cumplen arresto domiciliario y sostuvo que el gobierno, “alienta ese dispositivo como herramienta valiosa para descomprimir cárceles y generar mejores condiciones para los que están privados de libertad”.

El funcionario explicó que las autoridades judiciales jujeñas deberán analizar el pedido de la CIDH y en 15 días hábiles el gobierno “hará una devolución en base a las medidas que tomen los magistrados”.

Este viernes, la CIDH solicitó al Estado argentino “medidas alternativas a la detención preventiva” de la dirigente social “como el arresto domiciliario” o bien que “pueda enfrentar los procesos (judiciales) en libertad con medidas como la fiscalización electrónica”.

La primera reacción del Gobierno corrió por cuenta de la Secretaría de Derechos Humanos, que dirige Claudio Avruj, quien explicó que el gobierno nacional comunicó el viernes mismo la solicitud de la CIDH a las autoridades judiciales y administrativas de la provincia de Jujuy, donde se encuentra detenida la dirigente desde enero de 2016, “en el marco del pleno respeto a la independencia de poderes y las autonomías provinciales”.