Habla pausado y casi no repite palabras, pero se nota la premura en su accionar, propia de un funcionario que debe cumplir con una agenda ajustada. Sin embargo, responde pacientemente todas y cada una de las preguntas que se le realizan en una conferencia de prensa y luego acepta una entrevista con LA CAPITAL, donde se tocan todos los temas vinculados a la seguridad que hoy tanto preocupa a la sociedad.

El ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, llegó a Mar del Plata y se reunió con magistrados locales y de Dolores, Azul y Necochea. Previamente, concedió un reportaje en el que volvió a remarcar el interés del gobierno de Cambiemos y, en particular, de María Eugenia Vidal, de otorgar mayor protección las víctimas del delito durante los procesos judiciales.

– El presidente del Colegio de Magistrados de Mar del Plata, Rodrigo Cataldo, dijo que es la primera vez que un ministro se reúne con jueces “en su casa”. ¿Es parte de los pedidos que le hizo la gobernadora?

– El pedido de la gobernadora es tratar de trabajar en conjunto con la Justicia para lograr mejorar la situación de seguridad, en lo que hace a la prevención y en la persecución de los delitos y la mejor instrumentación de cualquier tipo de investigaciones sobre tareas que se dan en el ámbito judicial. Creemos que la seguridad es una responsabilidad que le compete a todos aquellos que tengan vínculo con el Estado. Le corresponde a la Justicia, a la ley, al Ejecutivo a través de las fuerzas de seguridad, y al sistema carcelario. Por lo tanto, esta articulación -que es bastante innovadora, por supuesto, respecto de la visión de la seguridad porque en general se ha concentrado sólo en la policía ese pensamiento- nos lleva a tener un vínculo permanente con todos los órganos que participan de los poderes del Estado y, en este caso, con el Poder Judicial.

– ¿La reunión con jueces de Garantías es precisamente para rever las posturas denominadas “garantistas”? Porque en Mar del Plata hay varios magistrados que adhieren a esa línea teórica o, por lo menos, así son calificados por otros operadores judiciales…

– La mejor garantía es aquella que está a favor de la víctima. Es un punto que para mí es central y es concluyente, sobre todo porque la víctima es llamada a un proceso penal sin ningún tipo de voluntad, sin haber querido estar en el proceso. El fiscal o el juez trabajan de eso; el victimario es alguien que con un acto de su responsabilidad está en ese proceso, pero la víctima pasaba caminando, estaba en su casa quizá, por lo tanto debe ser privilegiada en el proceso penal, es indudable. Y esta realidad me lleva a pensar que efectivamente hay que cambiar la legislación. Y la legislación tiene que estar apuntada y centralizada en la víctima, que no puede ser revictimizada y tiene que ser atendida con todas las garantías en el proceso.

– ¿Cómo es el proyecto que elaboran para que el Estado le brinde un abogado a las víctimas de los delitos?

– Estamos en plena elaboración de ese proyecto. Todavía no sabemos cuántos vamos a necesitar, qué presupuesto podemos destinar, cuál es la forma, pero se va a ir trabajando para que exista un abogado público de las víctimas. Y en la primera etapa, lo que estamos haciendo, es obligando a la Justicia a que escuche, a que informe y a que asista a la víctima en el proceso penal y en la ejecución de la pena.

– ¿Qué respuesta espera obtener de los jueces tras la reunión?

– Espero la respuesta que he obtenido en todos los departamentos judiciales donde me he reunido. Muy comprometida, con ganas de funcionar, con visiones que a veces son diferentes, pero la verdad es que nadie está dispuesto a transformar a la provincia en insegura. Los jueces están colaborando, estamos trabajando juntos, habrá que ajustar algunos elementos, también hay que ajustar la ley… Porque a veces los jueces toman determinaciones porque la ley los obliga a hacerlo. Entonces los legisladores también tienen que pensar cómo contribuyen ellos a mejorar la situación de la Justicia.

Casos de legítima defensa

– Esta ha sido una de las ciudades del país en las que se registraron casos de legítima defensa extremos. ¿Qué piensa sobre la reacción de la gente frente al delito?

– La gobernadora fue muy clara: “Nadie tiene un revólver en el cantero si piensa que el Estado lo va a proteger”. Nosotros estamos reconociendo esa realidad pero instamos a la ciudadanía a no ejercer justicia por mano propia porque muchas veces termina esa misma persona aún más perjudicada. Hay que ver la mejor manera de recurrir a las fuerzas de seguridad y tratar de no reaccionar en esas circunstancias.

– Una encuesta reciente indica que alrededor del 80 por ciento de los marplatenses tiene como mayor preocupación la inseguridad. ¿Qué les puede decir?

– La gobernadora ha reconocido todos los problemas. Estamos trabajando incansablemente para resolverlo. Es un cambio notable, reconocerlo y trabajar para modificarlo.

Cárceles

– Hace pocos días, un juez local ordenó excarcelar a una trans que padece tuberculosis y estaba detenida en el penal Batán, bajo la fundamentación de que las cárceles no tienen que ser lugares de castigo. ¿Lo son?

– Las cárceles hoy son lugares donde de ninguna manera está asegurada la rehabilitación. Lo estamos reconociendo y estamos trabajando para ello. Tenemos cárceles donde están hacinados los internos. Tenemos una sobrepoblación de cárceles producto del abandono en la construcción de cárceles. Hace 15 años que no se construye una cárcel de 1.500 personas, que son aquellas que necesitamos en la provincia.

– ¿Se construirá una en el Partido de Dolores?

– Quizás hagamos una alcaidía en Sevigné, estamos trabajando. Pero los lugares donde hagamos una cárcel dependerán de los recursos que se tenga, porque construir más cárceles hoy es construir menos hospitales y menos escuelas. Los recursos no son ilimitados. Entonces hay problemáticas muy serias en ese aspecto, y tenemos cárceles del siglo XVIII, por lo tanto al mismo tiempo tenemos que hacerlo y tratar de descomprimir. Pero no se puede recuperar 15 años de abandono y más de 130 o 140 años de olvido respecto de las cárceles y la situación de reeducación que tiene que darse, en cuatro años. Somos responsables y eso lo estamos admitiendo.