19 de octubre de 2016
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La Ley de Dificultades Específicas del Aprendizaje, en la recta final

La norma tiene por objetivos garantizar mecanismos de detección, adaptación de estrategias de aprendizaje y cobertura de los tratamientos psicopedagógicos necesarios. Los padres aseguran que más allá de la norma, se requiere capacitación de los docentes, compromiso de los profesionales y un seguimiento permanente de la familia.

El proyecto que promueve un abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos que presentan Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA) -conocida como Ley de Dislexia- está muy cerca de convertirse en ley.
El texto, impulsado especialmente por familiares de niños con estas condiciones, elaborado por el médico Gustavo Abichacra de la Asociación Disfam y tomado por la senadora María Laura Leguizamón, tuvo media sanción en octubre del año pasado en la Cámara de Senadores de la Nación y este mes, tuvo dictámenes favorables de las comisiones de Educación, Salud y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación, por lo que está en condiciones de llegar a sesión y aprobarse.
La medida es muy esperada por familiares de chicos que padecen algún cuadro del espectro conocido como DEA, pero aseguran que por si sola no es suficiente.
En Mar del Plata, hay un grupo de padres que adhiere a Disfam y realiza un seguimiento permanente de la situación.
Claudia Miller, mamá de un niño con dislexia, asegura que para que haya un cambio real y positivo para todos los niños que se encuentran en esta situación, “se requiere un compromiso de todos los actores. Las instituciones, públicas y privadas, los directivos, los docentes, necesitan no sólo información sino capacitación. Desde las áreas de Educación se requiere un protocolo de actuación en los casos y también se requiere que los profesionales -generalmente psicopedagogos- no sólo realicen un informe con las recomendaciones al colegio, sino que también realicen un seguimiento. Además, hace falta que los padres estén atrás del tema permanentemente. En resumen, se requiere un compromiso de todos”, aseveró.
El proyecto de ley que está a punto de convertirse en norma tiene como “objetivo prioritario” garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas, adolescentes y adultos que presentan Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA).
Y promueve “el abordaje integral e interdisciplinario”, así como también “la formación profesional en su detección temprana, diagnóstico y tratamiento; su difusión y el acceso a las prestaciones”.
Se entiende por Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA) a las alteraciones de base neurobiológica, que afectan a los procesos cognitivos relacionados con el lenguaje, la lectura, la escritura y/o el cálculo matemático, con implicaciones significativas, leves, moderadas o graves en el ámbito escolar.

“Adaptación curricular”

La ley contempla la “adaptación curricular” para que los estudiantes con DEA puedan tener acceso al curriculum común.
“Adaptación curricular, no significa cambio de los contenidos, sino un conjunto de estrategias diferenciadas o específicas según el caso, para que el chico con DEA pueda entender, seguir la clase, cumplir con los objetivos”, aclaró Miller, quien asegura que, “en muchos colegios, hasta se muestran reacios a utilizar una metodología diferente en estos casos”. En ese sentido ejemplificó: “A mi hijo los grandes dictados le cuestan, o copia mal las tareas o se las olvida. Por eso, lo que pido en la escuela es que le den las tareas por escrito, por mail o hasta por Whatsapp. Y que le dejen llevar su computadora”.
En ese sentido, la ley enumera estrategias como “dar prioridad a la oralidad, otorgar mayor cantidad de tiempo para la realización de tareas y/o evaluaciones, asegurar que se han entendido las consignas, evitar las exposiciones innecesarias en cuanto a la realización de lecturas en voz alta, evitar copiados extensos y/o dictados, facilitar el uso de ordenadores, calculadoras y tabletas, reconocer la necesidad de ajustar los procesos de evaluación”.
En cuanto al programa médico, la iniciativa refiere a las organizaciones de seguridad social; las entidades de medicina prepaga; todas las obras sociales y agentes de salud que brinden servicios médico-asistenciales, independientemente de la figura jurídica que tuvieren, quienes “tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, las prestaciones necesarias para la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de las DEA”.
“Esto es fundamental, porque muchas familias no tienen los medios para acceder a diagnóstico y tratamientos adecuados, o les dan turnos muy lejanos -a veces tres meses de demora-, con los problemas que eso implica”.
Miller destacó que algunos espacios están “un poco más abiertos” a la capacitación, cuestión fundamental para que la ley “no se convierta en letra muerta” y, teniendo en cuenta que el cambio de fondo implica “un cambio en la currícula de formación de los docentes”.
En este sentido, la mamá aseveró, además, que estos trastornos no son un tema menor. “Quienes se dedican a esto aseguran que el 10% de los niños tienen dislexia. Eso habla de tres o cuatro chicos por aula”.
Asimismo valoró que la implementación de esta serie de estrategias es fundamental “para evitar diagnósticos erróneos, que demoran mucho tiempo y derivan en problemas de autoestima, de integración y tratamientos inadecuados que no dan resultado, hasta casos de medicación de los chicos”.

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