La diputada nacional bonaerense por Cambiemos, Karina Banfi (UCR) destacó el impacto que tendrá la sanción de la Ley de Acceso a la Información que, tras haber obtenido el despacho favorable de la Cámara Baja, ya comenzó a ser tratada en Senadores. La legisladora definió a esta norma como a la “nave nodriza” del gobierno de Mauricio Macri para ingresar en “una nueva época” en la que haya reglas “que construyan un andamiaje de integridad y probidad de cara a una sociedad cansada del ocultamiento”.
En diálogo con LA CAPITAL Banfi vinculó a esta ley con otras iniciativas que se encuentran en tratamiento, como la Ley del Arrepentido y la de Extinción de Dominio, que le otorga al Estado nuevas facultades para tomar posesión de bienes originados en ilícitos.
-Tras su aprobación en Diputados ¿Cuál es el estado de debate de la Ley de Acceso a la Información?
-Los senadores dicen que marcha bien y que tienen interés en aprobarla para que Argentina deje de estar entre los países que no tienen una Ley de Acceso a la Información, entre los que están Bolivia y Venezuela. Estamos muy ávidos de que el Senado lo sancione. Durante el debate de las leyes del Arrepentido y de la de Extinción de Dominio, la Ley de Acceso a la Información Pública fue citada muchas veces porque también expresa la voluntad de generar herramientas para evitar e investigar casos de corrupción.
-¿Cómo modifica esta ley la situación normativa existente en el país en relación al acceso a la información?
-Lo que existe hoy es el decreto 1172/2003 sancionado por Néstor Kirchner. Pero el decreto se refiere sólo al Poder Ejecutivo, mientras que esta ley habla de los tres poderes del Estado. Además tiene un capítulo de transparencia activa por el que todos los sujetos obligados van a tener que cumplir con unos 20 incisos para volcar información a sus portales web, sin que nadie les pregunte o reclame esos datos. Ese debe ser el piso de la ley. Además crea un Consejo Federal para la Transparencia y el Acceso a la Información y cada poder va a tener un órgano garante y van a estandarizar criterios. Uno de los criterios que se va a usar indica que cuando se consulte por información esta se va colgar en la web de cada organismo para que esa información no tenga que ser buscada cada vez que una persona pregunta. Otra cosa muy importante es que a diferencia del decreto vigente, esta ley establece que cada vez que una persona pregunte los funcionarios deberán responder por sí o por no. Y si no lo hacen tendrán sanciones
-A pesar de que Argentina haya quedado retrasada a nivel internacional en materia de este tipo de legislación, la sociedad civil ha sido muy activa en los últimos años en cuanto al reclamo y al uso de la información pública disponible. ¿Qué opina al respecto?
-Eso es un emergente de que Argentina trata de tener una Ley de Acceso a la Información desde el año ’99. Cuando se la planteó en ese momento, esto era un hecho innovador que se frustró. Ocurrió lo mismo en 2006 y 2011. Mientras tanto, Perú, México, Uruguay o Paraguay promovieron este tipo de normas. Argentina en cambio fue como el cangrejo, para atrás, teniendo cada vez más opacidad. Ante todo eso hubo una interesante resistencia social para sostener esta agenda. Cuando hay gobiernos opacos la sociedad civil impulsa estas cosas desde otro lugar. Esta ley es el resultado de la resistencia social ante el ocultamiento.
-Estamos hablando de información producida con los impuestos ciudadanos. ¿Qué impacto cree que tendrá que finalmente haya garantías para que esa información esté en manos de la gente?
-Un impacto económico, político e institucional tremendo, porque cuanto mejor y más información tenemos, elegimos mejor a nuestros representantes y sobre todas las cosas podemos participar y cogobernar. Es incentivar el gobierno abierto, el acceso a la información, la apertura de datos, el uso de tecnologías para conocer mejor cuáles son las políticas públicas y colaborar con los gobiernos. La información es fundamental para ser libres. Cuando se la concentra, la sociedad es rebaño de quien tiene acceso exclusivo a ella.
-¿Qué efecto puede prever a nivel de las provincias y los municipios?.
-Los políticos y funcionarios vamos a saber que estaremos más observados porque cualquiera tiene derecho a preguntar. Eso tiene que dar como resultado una mejor gestión. Por mi experiencia, al haber trabajado estos procesos en otros países, esto es algo paulatino. Es muy dinámico y se va acomodando a las demandas sociales. Si la sociedad pregunta y demanda información esto va a acelerar los tiempos. En Paraguay, por ejemplo, se avanzó muchísimo en el último año. En cambio en México se tardó 10 años en incorporar a los tres poderes, para lo cual hubo que modificar la Constitución. Lo que es fundamental es la voluntad política, que en este caso es muy clara por parte de Cambiemos, con el impulso que le dio Mauricio Macri desde el primer día. Esto repercute en la provincia de Buenos Aires, donde el diputado Maximiliano Abad (Cambiemos), que es presidente de la comisión de Reforma Política, está diseñando una ley de acceso a la información pública porque la del año 2000 es vieja, obsoleta y no se puede usar.
-¿Cómo interpreta el apoyo del Frente para la Victoria a esta ley y a algunas otras, para combatir la corrupción?
-Es muy interesante lo que ocurre. La diputada Diana Conti, quien como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales tenía esta agenda, se sinceró y dijo que era muy positivo que Cambiemos promoviera esto porque ella no lo había podido hacer porque tenía la orden de no hacerlo. Ahora el FpV colaboró con reformas muy positivas al proyecto. Esta es una agenda más atractiva siendo oposición, y por eso, como dice Conti, es valioso que la promueva Cambiemos.
-Fueron tratadas la semana pasada, las leyes del Arrepentido y la de Extinción de Dominio. ¿Qué efecto cree que tendrán estas normas?
-Son herramientas fundamentales que necesita la Justicia para perseguir la corrupción o el narcotráfico. En materia de Arrepentido, extender esa figura a la corrupción tenderá impacto si se entiende que la corrupción necesita de la complicidad y el silencio. Es importante generar un mecanismo que destrabe estos sistemas. En cuanto a la Extinción de Dominio lo importante es la figura de un agente fiscal para impulsar la acción civil del Estado cuando no se puede explicar el origen de bienes o dinero. Esos bienes y dinero originados en ilícitos, que antes quedaban en la Justicia, ahora podrían ir a la UIP y de ahí podrán ir a rutas, escuelas, hospitales o escuelas, que es de donde salió seguramente, si es producto de la corrupción o el narcotráfico.