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Opinión 20 de marzo de 2018

Los desafíos del Estado y la sociedad frente al ciberdelito

Por Juan Manuel Cheppi (Diputado Provincial) // Lic. en Sociología

Juan Manuel Cheppi.

Tal vez mucho más que cualquier otro avance tecnológico en la historia, la irrupción de internet significó una transformación de la sociedad en casi todas sus aristas. La información, el conocimiento, el trabajo, el ocio, el consumo, los hábitos, las necesidades, los deseos e inclusive las relaciones personales; todo está atravesado y se reconvierte día a día a medida que avanzan las tecnologías de la comunicación.

Pero ocurren dos cuestiones para prestar atención: La primera es que en este campo determinado y en este momento, el desarrollo de las tecnologías va más rápido que la capacidad de las sociedades para adaptarse a la transformación; y la segunda es que si bien las nuevas tecnologías nos brindan mayores oportunidades y facilidades, conllevan también la aparición de nuevos riesgos y problemas, e incluso también de nuevas formas de delito que muchas veces caen en vacíos normativos o una incapacidad de los individuos y los gobiernos para abordarlos.

“Ciberdelito” y “Ciberseguridad” son conceptos nuevos que a nivel internacional se están trabajando desde hace pocos años y que se empezaron a instalar en el debate público a partir del incremento de los distintos tipos de crímenes cometidos a través de internet. Los Gobiernos alrededor del mundo y las distintas Organizaciones empiezan a prestar atención a la temática, problematizar las cuestiones relacionadas a ella, y reconocer la necesidad, por un lado de tipificar y sistematizar la información, y por el otro, de generar marcos legales y políticas públicas que garanticen que los derechos y libertades individuales no se vean vulnerados en el terreno de las tecnologías de la información y la comunicación.

El experto en informática Gustavo Saín, asesor del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y autor del libro “Delitos informáticos: investigación criminal, marco legal y peritaje”, aborda la cuestión conceptual y asegura que “no hay una definición estándar o un consenso internacional acerca de qué son los delitos informáticos. Se entiende por ello cualquier conducta penada por la ley o susceptible de serlo, que utiliza como medio para cometer el mismo o el fin del mismo, un dispositivo informático”.

Dentro de ese mundo, las prácticas delictivas van desde el robo de datos personales y la estafa hasta la creación de plataformas para difusión de imágenes de pornografía infantil o el Grooming (práctica de acoso y/o abuso sexual por parte de un adulto en contra de niños y jóvenes que se da a partir del establecimiento de un vínculo a través de redes sociales). Se trata de una multiplicidad de delitos de una diversidad muy grande, pero que tienen en común la necesaria utilización de un dispositivo tecnológico. A las distintas dificultades que surgen en los procesos judiciales por el vacío legal –por ejemplo, para utilizar datos informáticos como pruebas-, se suma la casi nula capacidad de los Gobiernos, la Justicia y la legislación vigente para poner eje en laprevención de estos delitos.

Desde la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, estamos trabajando una batería de proyectos orientados a diagnosticar, legislar y educar en torno a la prevención y resolución de delitos informáticos. Buscamos crear Fiscalías Especializadas en cada uno de los Departamentos Judiciales de la Provincia para atender con especificidad las denuncias ligadas a estos delitos; impulsar un Programa de Formación y Capacitación en nuevas tecnologías de la información dentro de la Dirección General de Cultura y Educación para todo el personal docente y directivos del sistema educativo de la Provincia e incorporar los contenidos referentes a las nuevas tecnologías de información y comunicación en la currícula escolar; constituir un Organismo Provincial de Sistemas de Información para centralizar la coordinación de las áreas de informática y sistemas de redes de toda la administración pública provincial; e impulsar un Observatorio para el monitoreo, sistematización y evaluación de datos sobre Políticas Públicas en materia de nuevas tecnologías de la información y la comunicación dentro de la Legislatura.

El ciberdelito y la seguridad informática son temas que se están ubicando en el centro de la escena en nuestro país y en el resto del mundo y que requieren de un estudio y un abordaje integral y urgente. Es responsabilidad del Estado reconocer los nuevos desafíos que presenta un mundo hipertecnificado, y dar frente a ello las mejores respuestas a la sociedad.



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