por Adrien Vicente

MADRID, España.- Trifulcas, puertas tapiadas, jeringas abandonadas: a diez años del estallido de la burbuja inmobiliaria en España, departamentos vacíos en Madrid o Barcelona se han convertido en puntos de venta de drogas duras, para indignación de sus vecinos.

“Dejas de vivir. Pasas más miedo en tu casa que fuera”, se queja Begoña Sebastián, una auditora de 51 años del barrio de Lavapiés, en el centro de Madrid, que tuvo que convivir con un “narcopiso”.

Durante tres años, traficantes de hachís y cocaína se instalaron en el piso inferior al suyo, en un departamento embargado por el banco a una familia endeudada.

Vivió ese infierno hasta que consiguió a mediados de 2016 el desalojo de la vivienda y el sellado de su puerta para evitar su ocupación por otras personas.

La invasión de chinches en el inmueble, el incesante ir y venir de los clientes a toda hora, las peleas y el temor a que los invasores con la conciencia alterada por las drogas causaran una explosión con la garrafa de gas, le hicieron perder muchas horas de sueño, recuerda.

“Acabas llorando”, señala esta parlanchina mujer de pelo castaño y cara redonda, que baja el tono de voz cuando pasa cerca de un narcopiso en Lavapiés, donde han proliferado.

Conoce exactamente la ubicación de cada uno de ellos, tras haber aprendido a reconocerlos por sus señas exteriores: puerta de entrada marcada o forzada, cristales rotos y cubiertos precariamente con un trozo de cartón…

Otras zonas se han visto afectadas por este fenómeno en los últimos dos años, como Puente de Vallecas en Madrid o El Raval, en el corazón de Barcelona, hasta llegar a provocar manifestaciones de vecinos.

Algunos de ellos colocaron en las ventanas trapos rojos como protesta.

Herencia de la crisis

Si bien las manifestaciones han sido numerosas, los datos sobre el fenómeno son incipientes y el ministerio del Interior dice no disponer de estadísticas nacionales sobre estos “puntos de venta” de droga.

En Madrid, la Policía Nacional afirma haber desmantelado 105 en 2017, con 314 arrestos, sin poder aportar datos anteriores.

En el distrito de Barcelona donde se encuentra El Raval, la policía catalana contabilizaba a principios de abril 17 entradas de las fuerzas policiales a departamentos y 34 personas detenidas en ese distrito desde inicios de 2018.

La principal causa según las autoridades es la multiplicación de las viviendas vacías, una herencia de la crisis de 2008, que llevó al desahucio de miles de familias.

Los departamentos, devaluados, a menudo pertenecen a bancos o fondos de inversión que no pueden venderlos sin grandes pérdidas, así que los abandonan, en ocasiones por largos periodos.

Los edificios están “en un estado de conservación deficiente que facilita estas ocupaciones”, afirma Gala Pin, concejal de la alcaldía de Barcelona a cargo del distrito Ciutat Vella, que incluye el Raval.

“Las mafias ocupan y luego venden (droga) en los pisos o instalan a determinadas personas que venden por ellos”, explica a la AFP una fuente policial en Madrid.

Los traficantes se benefician de la imposibilidad de desalojar una propiedad privada sin orden judicial, cuya obtención puede tomar meses, señala la fuente.

“Zombis”

“Empezaron vendiendo mucho hachís, luego han visto que había demanda también de cocaína y en algunos casos incluso de heroína que estaba sufriendo un repunte importante”, precisó la fuente policial.

El regreso de la heroína en Estados Unidos revivió los malos recuerdos en España, donde esta droga dura inyectada causó estragos en las décadas de los 1970 y 1980.

“En mi generación todos perdimos amigos por la heroína. Y no queremos que vuelva a ocurrir”, dice Manolo Osuna, un cartero de 54 años en Lavapiés.

En Barcelona, Carlos, portavoz de una asociación de vecinos que no da su apellido por temor a los traficantes, describe “una degradación social espeluznante, calles repletas de personas que parecen zombis”.

“Las escaleras están impregnadas de sangre, heces, orina, dejan jeringuillas”, recuenta esta persona que vivía al lado de un inmueble que fue hasta octubre uno de los principales puntos de venta.

Pero los policías y trabajadores sociales consultados por la AFP descartan la hipótesis de un alza en el consumo de heroína.

Más bien observan un desplazamiento del tráfico de las zonas marginales, donde la policía multiplica las operaciones antidrogas, a los centros de las ciudades.

“Según donde se dé la presión policial, se desplaza el tráfico”, explica Josep Rovira, portavoz de una asociación catalana de atención a drogadictos.

Barcelona, dirigida por una antigua activista del derecho a la vivienda, asegura negociar con los propietarios de los apartamentos vacíos para que los alquilen.

Madrid, también con la izquierda al frente de su alcaldía, aumentó los agentes de la policía municipal y contempla instalar cámaras en las calles más afectadas.

Las asociaciones que ayudan a los drogadictos reclaman que los consumidores reciban más apoyo de las autoridades, para alejarlos del mercado negro y de los riesgos de sobredosis.

“Esta realidad siempre va a existir”, sentencia Rovira.

AFP-NA.