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El País 11 de septiembre de 2016

Macri presenta proyecto de ley de mecenazgo nacional

Una ley de mecenazgo con alcanza nacional será presentada mañana por el presidente de la Nación. Lo que se busca es poder inaugurar una vía directa y transparente de financiación de proyectos culturales de interés social a través de aportes de empresas privadas, que se desgravarían de sus respectivos aportes fiscales.

El presidente Mauricio Macri presentará mañana un proyecto de ley de mecenazgo, de alcance nacional, con la presencia de los secretarios de Cultura de todo el país y gobernadores.

El acto tendrá lugar a las 11 en el salón auditorio de la Usina del Arte (Agustín Caffarena 1, Barracas, Ciudad de Buenos Aires).

Se trata en concreto de la vigésimo sexta vez que llegará al Congreso un proyecto en esa materia, de alcance nacional, elaborado en este caso por la Dirección Nacional de Mecenazgo, y basada en el texto vigente para la Ciudad de Buenos Aires, que cuenta con el visto bueno del presidente Mauricio Macri.

A pesar de que las provincias de Córdoba y Santa Fe cuentan con una ley provincial propia, y la ciudad de Buenos Aires tiene la suya desde hace varios años, hasta aquí nunca se logró sancionar una legislación por el estilo, que comprenda a todo el territorio nacional.

Juan Manuel Beati, quien estuviera a cargo de la redacción de la ley porteña, fue también el responsable de la escritura del nuevo proyecto, que será presentado al Congreso la semana entrante.

La idea del Gobierno es tratar el texto durante 2016; un año legislativo que se prevé mucho más abierto a la discusión que el próximo, con las elecciones de medio término a la vista.

Lo que se busca con este tipo de leyes que rigen en países como Chile y Brasil, con un notable éxito, es poder inaugurar una vía directa y transparente de financiación de proyectos culturales de interés social a través de aportes de empresas privadas, que se desgravarían de sus respectivos aportes fiscales.

Los beneficiarios del Sistema Nacional de Desarrollo Cultural podrán ser las personas jurídicas sin fines de lucro de objeto cultural; los entes públicos; los consorcios de copropietarios y las personas propietarias de bienes declarados de valor patrimonial por entidades oficiales; las cooperativas y sociedades simples que desarrollen labores culturales; y las personas jurídicas con fines de lucro, constituidas con objetivos culturales, siempre hasta el cincuenta por ciento (50%) del costo de realización de la obra y presentándose a través de una Organización no Gubernamental cultural.

La evaluación de los proyectos estará a cargo de un Consejo Nacional de Desarrollo Cultural con representación política de los poderes Ejecutivo y Legislativo, representación técnica artística de las diversas disciplinas, y jurisdiccional por provincias y CABA.
El trabajo de los integrantes del Consejo será ad honorem.

Los patrocinadores de las iniciativas que se reciban serán las sociedades empresariales que tributen al Impuesto a las Ganancias; los incentivos para estas empresas serán de un porcentaje de deducción sobre los aportes realizados: cincuenta por ciento en proyectos a realizarse en la ciudad de Buenos Aires; un ochenta por ciento en el resto del país; y un noventa por ciento en el caso de proyectos de interés especial (será facultad del Ministerio de Cultura el otorgar carácter especial a proyectos relacionados con zonas de vulnerabilidad social y de patrimonio cultural).

Los contribuyentes no podrán otorgar, por año, montos en virtud del presente régimen por más del cinco por ciento del Impuesto a las Ganancias determinado del periodo fiscal inmediato anterior en que se haya efectivizado el aporte.

El monto total anual asignado al presente régimen, mediante el cual los contribuyentes pueden efectuar el pago a cuenta de su obligación tributaria, no podrá superar el 0,50 por ciento del monto total recaudado por la AFIP en concepto de Impuesto a las Ganancias.

Se trata de una nueva iniciativa que buscará poner en contacto al Estado (que resigna recursos de su recaudación), a las empresas privadas (que apoyarán iniciativas culturales a través de sus impuestos) y a la sociedad civil, que de aprobarse el proyecto tendrá una forma alternativa de financiar proyectos culturales que no tengan fines comerciales.