La inflación y la desocupación han encontrado una meseta de la cual parece imposible, en el corto, que puedan descender.

Los factores que provocan semejante fenómeno tienen un denominador común: el enorme peso del Estado y la política fiscal gradualista.

Las necesidades de financiamiento de un monumental gasto público llevan a que el Banco Central aumente la emisión monetaria.

A mayor cantidad de dinero, más inflación y como ello no es suficiente mayor endeudamiento.

El ritmo de crecimiento de los agregados monetarios en circulación crecieron en agosto al 36 por ciento anual, una cifra que excede con creces cualquier hipótesis inflacionaria.

Cuando esto ocurre, esa liquidez va a un destino único: los precios.

De allí que el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, haya ratificado el mantenimiento de una política monetaria dura, esto es, de altas tasas de interés.

Paralelamente, el gobierno no pierde de vista sus apetencias electorales, tras las PASO e intenta por todos los medios motorizar la actividad económica, con una política crediticia mucho más laxa, en especial, desde la banca pública.

De la misma manera que incrementa los gastos de capital para dinamizar la obra pública, el gobierno incentiva la toma de créditos hipotecarios para darle ritmo a la construcción privada, previo a las elecciones.

Con esto, logró neutralizar la suba en la tasa del desempleo. En la construcción bajó el desempleo, mientras aumentó en otros sectores de la economía.

Más gasto en obra pública implica expandir el gasto público total y más dinero en circulación que luego debe ser absorbido por el BCRA pagando una tasa alta.

Más crédito en la calle agrega liquidez lo que robustece los precios y la inflación.

Esto no resulta gratuito. Mientras la banca pública entrega créditos a baja tasa y a largo plazo, el BCRA tiene que pagar entre 26 y 27 por ciento por el corredor de pases a corto plazo y por las LEBAC, aumentando peligrosamente su stock de pasivos.

El monto de las LEBAC en circulación ya superó largamente el billón de pesos sin una contrapartida en el activo del BCRA.

Este es un ejercicio peligroso que no puede tener más continuidad porque agravaría aún más la meseta inflacionaria.

Pero hay un dato que por ahora son pocos los que lo siguen, pero que resulta de parámetro para medir los niveles de riesgo.

Es la relación entre los recursos monetarios en circulación (M2 privado), sin contar el monto de los plazos fijos, y el nivel de reservas.

Esta relación, a fines de agosto, mostraba que por cada dólar de reserva había 25 pesos en circulación cuando el tipo de cambio es de 17,50 pesos.

“En algún momento esto se tiene que corregir, si no es imposible en traer capitales al país, para la producción”, analizaba en mesa de café, un representante de fondos de inversión.

“No sólo eso. Con este tipo de cambio y los costos internos creciendo en dólares, es imposible producir y esto sin contar la inseguridad jurídica, la legislación laboral y la presión impositiva”, lo interrumpió un industrial.

Un banquero que participaba de la mesa los cruzó a ambos: “El BCRA quiere que otorguemos créditos, pero ¿a qué tasa y a qué plazo? Si tomo depósitos a cortísimo plazo lo único que podemos hacer es prestar a corto plazo sino hay un descalce. Por eso se mantiene el negocio transaccional en el sistema financiero”.

Al cabo, y a pesar de sus diferencias, los tres coincidieron: “Mientras haya inflación, es imposible que vengan inversiones”.

DyN