Mientras la recolección de residuos aún no llegó a normalizarse por completo luego de una protesta de un grupo de recuperadores informales, el Sindicato de Trabajadores Municipales anunció este jueves una medida de fuerza que afectará nuevamente al servicio.

El gremio decidió realizar un paro por 24 horas a causa de las “pésimas condiciones” en las que se encuentran las instalaciones del predio de disposición final.

De este modo el personal del Ente Municipal de Servicios Urbanos que cumple tareas en ese lugar dejará de recibir a los camiones de la empresa 9 de Julio, los cuales no podrán realizar el vuelco de basura.

“Los trabajadores municipales realizan su trabajo en condiciones infrahumanas. Están a la intemperie, no tienen baño ni un lugar donde guarecerse y eso es inaceptable”, le explicó a LA CAPITAL el secretario de Prensa del STM, Luis María Muñóz.

Según el gremialista el paro se iniciará a partir de la medianoche de hoy y finalizaría recién a la hora cero del sábado.

“Este problema no es nuevo. Se lo habíamos planteado al Ejecutivo, que en su momento se comprometió a resolverlo, pero no hicieron nada”, aseguró.

Muñóz explicó que además de declarar la medida de fuerza el sindicato reclamó la intervención del Ministerio de Trabajo, para que a través de una comisión verifique cuáles son las condiciones en las que el personal realiza sus tareas.

“Hemos pedido que una comisión especializada en temas de seguridad e higiene se pronuncie sobre si esas son las condiciones adecuadas para que una persona trabaje”, indicó.

Entre el martes y ayer el acceso al centro de disposición final permaneció bloqueado por  una protesta de recicladores informales, dedicados a recuperar basura con fines de subsistencia.

El grupo impidió durante 48 horas el ingreso de los camiones de la empresa de recolección para exigir mejoras en el playón de descargas donde desarrollan su actividad. Por ese motivo las calles de Mar del Plata y Batán quedaran abarrotadas de residuos.

La medida de fuerza concluyó en la tarde de este miércoles,  luego de que el Ente Municipal de Servicios Urbanos realizara algunas tareas para tratar de acondicionar el lugar.

Al mismo tiempo, la situación  generó un fuerte cruce entre el intendente Carlos Arroyo y el juez de Garantías, Daniel De Marco, quien tomó intervención en el caso luego de que la Municipalidad pretendiera que la Justicia realizara un desalojo.

El magistrado rechazó adoptar la medida argumentando que “la denuncia penal parece expresar la impotencia del Ejecutivo para resolver el conflicto”.

Y agregó: “frente al reclamo de un grupo de no más de 10 personas que sobreviven en los márgenes de la marginalidad, comiendo los desperdicios de restoranes y los alimentos vencidos de los supermercados, la única respuesta de la agencia ejecutiva local no puede ser la solución del conflicto en el campo punitivo, sin transitar previamente el camino del diálogo y del consenso, pues no sólo incurriríamos en aquellos vicios, sino que el problema persistirá y seguramente recrudecerá”.

Más tarde el intendente Arroyo se ocupó de criticar la postura y la actuación del magistrado.

“Da la sensación de que hay otro tipo de razonamientos. Los manifestantes dicen que comen basura o que comen alimentos vencidos. Yo no vi que el juez haya tomado indagatoria a nadie para saber qué comen”, comentó.

“Nosotros queríamos que cesara el corte, porque el impedir un servicio público viola el artículo 194 del Código Penal. Estamos frente a la comisión de un delito. Eso está claro como el agua”, agregó.