El juez de Garantías Gabriel Bombini resolvió este martes excarcelar al sepulturero del cementerio de Comandante Nicanor Otamendi, Juan Carlos López, por lo que ya no quedan detenidos en la causa que investiga la profanación del cuerpo de un nene de dos años.

López había sido detenido porque, según los investigadores, la responsabilidad de que no se profanara el cadáver era del cementerio.

A López se le imputa falso testimonio por haber dado una versión contradictoria cuando fue consultado sobre el registro de entierros.

El dueño de la funeraria también recuperó recuperó la libertad en el marco de una causa que está a un paso de pasar a la justicia penal a la contravencional.

La fiscal Ana Caro podría resolver en los próximos días transferir el caso al fuero donde se investigan delitos menores ya que no se recolectó prueba que permita determinar que el cuerpo del menor fue comercializado.

La investigadora quedó al borde de tomar esta decisión luego de que este lunes a la tarde recibiera los resultados preliminares del análisis de los tres teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos que derivaron en las detenciones del dueño de una funeraria y el sepulturero Juan Carlos López. “La primera revisión que es la de análisis de mensajes de texto, whats app y otros datos de los teléfonos no permitieron hallar nuevos elementos de valor para sumar a la causa. Esto sumado a que otro tipo de medidas tampoco fueron releventes derivaría en el traspaso a la justicia contravencional”, le confió a LA CAPITAL una fuente de la investigación.

Ahora, deberán analizarse los números que se encontraron en los celulares y determinar si aparece algún indicio que ratifique la hipótesis de que el cuerpo del nene fue comercializado. Hasta este lunes a la tarde, esa posibilidad parecía poco probable. “Se encontraron llamadas entre la funeraria y el cementerio, pero los detenidos en sus declaraciones dieron los motivos de esas comunicaciones”, destacó el informante.

De no producirse nueva prueba que le de un giro a la investigación, la causa pasará a ser una simple contravención. Es que el artículo 171 del código penal contempla que “sufrirá prisión de dos a seis años, el que substrajere un cadáver para hacerse pagar su devolución”. En este caso, todas las pruebas recolectadas hasta el momento por la fiscal Caro no lograron demostrar que alguno de los detenidos intentó comercializar el cuerpo del nene 2 de años. Es decir: no hubo delito ya que la profanación no está tipificada en el Código Penal argentino.

De hecho, pese a las sospechas que llevaron a su detención, aún no hay pruebas concretas sobre que hayan participado en la profanación del cuerpo.

El pequeño murió el 10 de marzo al atragantarse con un globito de agua y entre el 11 y el 13 fue velado en el marco de una ceremonia con las costumbres de su familia, de origen boliviano.

Tras ser sepultado, el féretro fue profanado en algún día anterior al 18 de marzo y el cadáver mutilado. El autor de tal aberrante práctica, cuya motivación se desconoce, luego lo abandonó a 20 kilómetros del cementerio, en la ruta 11 entre Miramar y Mar del Sud.