MADRID, España.- El juez español Eloy Velasco, que ayer procesó a varios miembros de ETA y de la guerrilla colombiana de las FARC por su colaboración para atentar en España contra altos cargos de Colombia como el presidente Alvaro Uribe, asegura que hay indicios de la "cooperación" del Gobierno de Venezuela en esa alianza.

Entre los potenciales objetivos contra los que se pretendía atentar estaban el actual presidente colombiano, Alvaro Uribe, y su antecesor, Andrés Pastrana, según el magistrado de la Audiencia Nacional española.

El juez procesó por conspiración para cometer atentados terroristas al presunto etarra Arturo Cubillas Fontán y a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Edgar Gustavo Navarro Morales y Víctor Ramón Vargas Salazar.

En su auto, señala que "obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entra las FARC y ETA y en especial de Arturo Cubillas Fontán, que tiene o tuvo un cargo público en ese país".

Cubillas, casado con una ciudadana venezolana que ocupó varios cargos públicos desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999, fue nombrado en 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela.

Velasco le señala también como "responsable del colectivo de ETA en esa zona de América desde 1999, encargándose de coordinar las relaciones con las FARC".

Según el magistrado, "fruto de sus gestiones" con el también procesado Emiro del Carmen Romero, entre el 14 de julio y el 12 de agosto de 2003 varios miembros de las FARC impartieron adiestramiento en la región de Zulia, fronteriza con Venezuela, a cuatro etarras "y se emplazaron para recibir más en el futuro".

Un intercambio que continuó en campamentos de las FARC en territorio venezolano que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia usaron para formarse en la fabricación y utilización de granadas o morteros, y que prosiguió en diciembre de ese año para el manejo de misiles tierra-aire.

Además, Cubillas trató de fijar una reunión entre un miembro de ETA y el histórico dirigente de las FARC ya fallecido Raúl Reyes en la primera quincena de enero de 2004, para lo que contactó con otro de los procesados, Rodrigo Granda Escobar, aunque no llegó a realizarse el encuentro.

Como contrapartida a todo ello, el juez sostiene que ETA se comprometió a localizar en España objetivos de las FARC.

De esta forma, el procesado Vargas, siguiendo las instrucciones de Navarro, se trasladó en dos ocasiones a España para vigilar la embajada colombiana y "controlar los itinerarios" que realizaba el ex presidente del país latinoamericano, Andrés Pastrana.

Constató que "no sería difícil atentar contra estos dos objetivos siempre que se contase con la ayuda de ETA", agrega el auto del juez español.

Las FARC pidieron la colaboración de la organización terrorista además para localizar a la entonces embajadora colombiana en España Noemí Sanín, al ex candidato presidencial y dos veces alcalde de Bogotá Antanas Mockus, al vicepresidente Francisco Santos y otros cargos políticos y militares del país, con el fin de "atentar contra la vida de alguno de ellos durante su estancia en España u otro país de la UE".

A la lista, señala Velasco, añadieron al ex miembro del Ejército Popular de Liberación (EPL) y también senador ya fallecido, Bernardo Gutiérrez, que participó en las negociaciones para el abandono de las armas de este grupo; al industrial Carlos Ardila Lülle" o, "más recientemente", a Uribe "y a personas que se mueven en torno" a la embajada colombiana".

El magistrado español se declaró competente en diciembre de 2008 para investigar la denuncia que había interpuesto la Fiscalía contra cinco etarras por dar y recibir cursos sobre manejo de explosivos con miembros de las FARC y del Frente de Liberación Bolivariana (FLB) en la selva de Colombia.

Por estos hechos, además de Cubillas, procesó ayer a los presuntos miembros de ETA José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Achalandabaso y José María Zaldua por los delitos de tenencias de explosivos.

Asimismo acusó a José Angel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio por el de colaboración con banda terrorista.

Este delito se lo imputa también a los presuntos miembros de las FARC Emiro del Carmen Ropero, Rodrigo Granda, Luciano Martín y Omar Arturo Zabala.

Se le imputa asimismo a la española Remedios García, a quien Velasco ha citado para tomarle declaración indagatoria el próximo 24 de marzo.

Para todos ellos, excepto para García, detenida en España en julio de 2008 y en libertad bajo fianza desde entonces por otro caso, el juez ordenado su busca y captura y expedirá las correspondientes órdenes internacionales de detención.

Respuesta de Caracas

El Gobierno de Venezuela calificó de "tendenciosa" e "inaceptable" la acusación de un juez español de que hay indicios de "cooperación" del Ejecutivo de Hugo Chávez en la alianza entre ETA y las FARC colombianas.

En el auto del juez español "se hacen señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política sobre el Gobierno venezolano", sostiene un comunicado al que tuvo acceso EFE en Montevideo, donde Chávez asistió a la investidura del presidente uruguayo, José Mujica.

Según la nota, en el auto judicial "se hace referencia a un ciudadano que vive en Venezuela desde el mes de mayo de 1989, como producto de los acuerdos alcanzados por Carlos Andrés Pérez y Felipe González", entonces presidente venezolano y jefe del Ejecutivo español.

Aunque el comunicado no lo identifica, aparentemente se refiere a Arturo Cubillas, un presunto etarra que junto a los miembros de las FARC Edgar Gustavo Navarro Morales y Víctor Ramón Vargas Salazar fue procesado por el juez español Eloy Velasco y que trabajó para el Gobierno de Chávez.

"Sorprende que en ningún momento se menciona el nombre de los autores de este acuerdo", agrega el texto de la Cancillería venezolana.

La nota oficial venezolana critica que "el juez se toma la molestia de referirse reiteradamente y de manera irrespetuosa al presidente de los venezolanos, Hugo Chávez, haciendo señalamientos tan tendenciosos como infundados acerca del Gobierno bolivariano".

Según Caracas, las acusaciones del magistrado "son producto de la utilización de archivos contenidos en el computador supuestamente incautado a 'Raúl Reyes'", número dos y portavoz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fallecido en un ataque colombiano a un campamento de esa guerrilla en territorio de Ecuador hace dos años.

"Resulta también sorprendente que el juez resucite la desgastada farsa del computador, que ya pasó a formar parte del folclore político colombiano", agrega el documento de la cancillería venezolana.