Los gobiernos de España y Venezuela dieron ayer por superadas las diferencias diplomáticas que surgieron cuando un juez español acusó a Caracas de haber amparado una presunta alianza entre las colombianas FARC y el grupo separatista vasco ETA.

Un comunicado conjunto difundido por ambas Cancillerías, señala que las dos administraciones "ratifican su más enérgica condena" al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, y se comprometen a seguir colaborando en los ámbitos judicial y policial, "implementando efectivamente los instrumentos de cooperación existentes".

En el texto, además, el gobierno de Hugo Chávez rechaza y desmiente "las informaciones publicadas sobre una supuesta colaboración con la organización terrorista ETA", cuyas actividades, agrega, "rechaza sin paliativos".

España y Venezuela declaran también "su firme voluntad de profundizar su relación amistosa y fructífera, basada en una amplia cooperación en todos los ámbitos, incluyendo el de la lucha antiterrorista".

La nota, citada por las agencias Prensa Latina y DPA, se conoció apenas un día después de que Chávez calificara de "aceptable" la última respuesta del gobierno español a las diferencias surgidas.

Antes, el canciller español, Miguel Angel Moratinos, había aclarado que no había pedido "explicaciones" a Caracas por las acusaciones del juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco, sino sólo "información" respecto a un auto judicial en el que éste señala al gobierno venezolano como cómplice de una presunta relación entre las FARC y ETA.

Según el magistrado, Caracas amparó una alianza entre las FARC y ETA que, supuestamente, planeaba atentar contra políticos colombianos de visita en España, entre ellos el presidente Alvaro Uribe y su antecesor Andrés Pastrana.

Según el juez Velasco, hubo una "cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA".

El gobierno de Chávez enseguida rechazó como "infames" e "inaceptables" las acusaciones y afirmó que éstas se basan en los archivos del computador "supuestamente incautado" al "número dos" de las FARC, Raúl Reyes, muerto el 1 de marzo de 2008 en un ataque del Ejército colombiano a un campamento de la guerrilla en la selva ecuatoriana.