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12-03-2010

Lula propuso endurecer las sanciones por los atrasos de las aerolíneas

Cada pasajero cuyo avión sufra atrasos de más de dos horas recibiría un valor igual al precio del pasaje, más una indemnización equivalente al 50% del mismo.

BRASILIA.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, envío al Congreso un proyecto de ley mediante el cual propone endurecer las sanciones que se aplican a las aerolíneas por atrasos en sus vuelos, informaron ayer fuentes oficiales.

El documento, que tiene como meta "proteger a los usuarios" de líneas aéreas, plantea que cada pasajero cuyo avión sufra atrasos de más de dos horas reciba un valor igual al precio del pasaje, más una indemnización equivalente al 50% del mismo.

"El pago de la indemnización deberá ocurrir en un plazo de siete días", agrega una nota divulgada hoy por la Presidencia.

El texto también propone que en casos de cancelación de vuelos por cualquier motivo, "el pasajero tenga derecho a embarcar en otro avión de la misma empresa en la fecha que escoja o a pedir el endoso del pasaje para otra compañía".

Si el pasajero no acepta ninguna de esas posibilidades, entonces tendrá derecho a exigir el reembolso del billete y la indemnización.

Esa última instancia sólo podrá ser evitada por las empresas siempre que los clientes sean avisados de la cancelación de un vuelo con siete días de anticipación, indica la nota.

Si el cliente no se inclina por la indemnización, mientras espera por un nuevo vuelo la empresa deberá proveerle "comidas, tarjetas telefónicas y acomodación en un lugar adecuado", que tendrá que contar con "acceso a internet".

También, según el proyecto de ley, las aerolíneas serán obligadas a presentar informes mensuales a la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), en la que deberán constar los atrasos o cancelaciones que registraron en su servicio durante ese período.

Un informe de la ANAC difundido la semana pasada dice que durante el pasado febrero el 12,7% de los vuelos que salieron de aeropuertos brasileños sufrió atrasos superiores a 30 minutos.

No obstante, no aclara en qué porcentaje esas demoras superaron las dos horas que propone como límite admisible el proyecto de ley enviado al Congreso por el Gobierno.