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28-08-2010

Atacan con granadas cuartel policial en México en jornada con 57 asesinatos

Debido al clima de violencia que prevalece en la frontera norte, el gobierno de Estados Unidos decidió no permitir que los hijos de sus diplomáticos vivan en las ciudades mexicanas fronterizas de Monterrey, Tijuana y Juárez.

CIUDAD DE MEXICO.- Un cuartel de policía de Monterrey, en la frontera con Estados Unidos, fue atacado ayer con granadas sin causar víctimas, en una jornada donde hubo 57 asesinatos en el país, y expertos dicen que el Estado "ha perdido el control de regiones enteras" frente al crimen organizado.

La ola de violencia ocurrió en el marco del combate gubernamental al narcotráfico, cuyas bandas están enfrentadas también entre sí, y mientras continuaba incierto aún el destino de un agente del Ministerio Público que investigaba la masacre de 72 inmigrantes ilegales latinoamericanos en Tamaulipas, según reportes oficiales.

El ataque de este sábado fue el tercer atentado con explosivos contra cuerpos de seguridad esta semana, y los oficiales de la Agencia Estadual de Investigaciones relataron que la granada fue lanzada por una persona que circulaba en una motocicleta ocasionando daños en el inmueble, pero no víctimas.

Debido al clima de violencia que prevalece en la frontera norte, el gobierno de Estados Unidos decidió no permitir que los hijos de sus diplomáticos vivan en las ciudades mexicanas fronterizas de Monterrey, Tijuana y Juárez.

La violencia confirmó que el Estado "ha perdido el control de regiones enteras frente al crimen organizado", analizaron en México especialistas en seguridad que contradijeron al ministro de Educación, Alonso Lujambio, quien rechazó que su país esté devastado por la violencia pese a los más de 28.000 asesinatos registrados en los últimos tres años y medio.

El secuestro y asesinato de los inmigrantes en Tamaulipas, la detonación de carros bomba y los bloqueos de avenidas por parte de bandas del narcotráfico "confirman esa falta de control por parte del Estado", concluyeron los investigadores académicos José Luis Piñeyro y René Jiménez Ornelas.

De acuerdo con reportes policiales, los últimos asesinatos registrados ocurrieron en el turístico puerto de Acapulco (Pacífico sur) y en las provincias de Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Baja California, todas frontera de México con Estados Unidos, y en la norteña Sinaloa, bastión del narcotráfico.

En Acapulco hubo una embestida contra integrantes de la banda del narcotraficante Héctor Beltrán Leyva, en el marco de la cual fueron asesinadas 14 personas, cuyos cadáveres fueron dispersados en diferentes puntos del centro vacacional.

Los cadáveres presentaron "evidentes huellas de tortura, heridas de balas de AK-47 (fusil ametralladora) y todos estaban amordazados". Los cuerpos fueron cubiertos con cartulinas que contenían el mensaje: "Todo por trabajar para Héctor Beltrán. Ahí están tus pistoleritos, sigue mandando más".

En Chihuahua las autoridades reportaron 27 asesinatos, de los cuales 9 fueron calcinados en el interior de una furgoneta en la carretera que une a la homónima ciudad capital con la fronteriza Ciudad Juárez, localidad donde un hombre fue calcinado en un terreno baldío.

En Nuevo León la autoridad reportó el asesinato de siete personas cuando militares repelieron un ataque armado en el municipio de Juárez; en Sinaloa la policía indicó que hubo cinco muertos, tres en Sonora y uno en Baja California.

La oleada de violencia continuó luego de que Tamaulipas fue escenario de un macabro hallazgo de 72 inmigrantes sin papeles latinoamericanos asesinados por el cártel de Los Zetas, integrado por militares desertores de los ejércitos de México y Guatemala y, además, por "maras" (pandilleros) de Centroamérica.

Los cuerpos de los inmigrantes permanecen en Reynosa, ciudad vecina de McAllen, Texas, Estados Unidos, donde hasta el momento han sido reconocidos 31 de ellos: 14 hondureños, 12 salvadoreños, cuatro guatemaltecos y un brasileño.

El gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, reiteró que "se encuentra desaparecido" el agente del Ministerio Público Roberto Javier Suárez Vázquez, encargado de las averiguaciones de la matanza de los inmigrantes en el ejido de Huitzilac, en un rancho ubicado a 22 kilómetros de San Fernando.

El viernes se dijo que Suárez Vázquez había sido asesinado, versión que luego fue corregida por el presidente Felipe Calderón, quien afirmó que se encontraba "desaparecido".