La Suprema Corte de Justicia, que otorgó a los poderes económicos el mismo derecho al aporte de campaña que a los ciudadanos comunes, es el blanco preferido de los medios alternativos y políticos disidentes al empezar el año electoral en Estados Unidos.

Esa decisión llevó a que, libres de las limitaciones legales tradicionales, esos poderes inunden con su dinero las diversas disputas electorales.

El eje central de las críticas es el caso conocido como "Citizen United", en el que hace dos años la Corte Suprema extendió los derechos de libre expresión expresados en la Primer Enmienda constitucional a las corporaciones, o a sus herramientas político-financieras.

Es una continuación del criterio con que decisiones anteriores de la máxima corte otorgaron a las corporaciones los derechos de las personas físicas. Esto ha creado incluso un conflicto institucional, al dictar la Corte Suprema Estatal de Montana una decisión contraria a la nacional.

Dice el reconocido periodista Bill Moyers en su prólogo al libro de Jeffrey D. Clements "Las corporaciones no son personas" que "rara vez tan pocos han infligido tal daño a tantos. Cuando cinco miembros conservadores de la Corte Suprema le dieron a las corporaciones comerciales el derecho de inundar secretamente las campañas con oleadas de efectivo al tiempo de una elección, acercaron más que nunca a Estados Unidos a la condición de plutocracia".

George Zornick en "The Nation" presenta "Once escandalosas realidades acerca de la financiación de campañas", donde "la influencia corruptora del gran dinero distorsiona el proceso democrático". Entre ellas: el monto de gastos independientes y comunicaciones electorales se ha cuadruplicado desde 2006; el porcentaje del gasto electoral proveniente de grupos que no revelan su origen creció del 1% al 47% desde 2006; el 72% de los avisos políticos de grupos externos en 2010 provino de fuentes que lo tenían prohibido en 2006; en 2004, casi el 98% de los donantes revelaron su origen, en 2010, el 34%.

Y los recibos de la campaña 2010 de los diputados nacionales subieron a 1.900 millones de dólares, de los 781 millones de 1998.

Hace ya años Noam Chomsky advertía que los derechos alcanzados por las corporaciones no fueron votados por los representantes del pueblo en ninguna institución democrática, sino por actuaciones judiciales.

Bill Quigley, en "Common Dreams", afirma que "cómo las corporaciones lograron los derechos de personas físicas es una de las grandes tragedias perversas en la historia judicial". Esta historia, dice, se remonta a 1819 y toma una variedad de derechos constitucionales diseñados para cubrir sólo personas físicas.

Ejemplificando, recuerda que en 1886 fue aprobada la 14a. Enmienda Constitucional para garantizar plenos derechos a todos los ciudadanos, beneficiando especialmente a esclavos, libertos y negros.

"No hubo mención alguna a corporaciones", recuerda Quigley, "pero éstas aprovecharon la oportunidad, resultando en una cuestionable decisión de la Corte Suprema que les otorgó personalidad jurídica".

Ahora las corporaciones, enumera, gozan estos derechos: protección contra registros y allanamientos sin orden judicial,"debido proceso" para defender a los discriminados y, ahora, libertad de expresión que les permite influir elecciones.

Pero el 30 de diciembre último la Corte Suprema de Montana sostuvo la prohibición a las contribuciones políticas de las corporaciones, que rigió la nación por casi un siglo. Esto, aunque ignorado en buena medida por los medios hegemónicos, crea un conflicto institucional de envergadura, y agrega pimienta al debate.

Aunque en gran número organizaciones civiles apoyaron y festejaron el dictamen, fue justamente uno de los miembros de esa corte que votó en contra de esa decisión estatal quien hizo las críticas más severas a la decisión nacional en "Citizen United".

El juez James Nelson opinó que las decisiones de la Suprema Corte nacional no podían ser desobedecidas por los estados. Pero agregó "aunque estoy obligado a respetar el dictamen `Citizen United`, no tengo que estar de acuerdo".

"Las corporaciones esgrimen un poder desproporcionado sobre el Congreso y las legislaturas estatales", continúa. Y declara categóricamente que "en mi opinión, `Citizen United` ha convertido el `libre mercado de ideas` de la Primer Enmienda en una casa de remates para los seguidores de (Milton) Friedman. Libertad de expresión es ahora sinónimo de libertad para gastar. Expresión es ahora dinero; dinero equivale a democracia".

(*): DyN.