BARCELONA, España (Télam, por Cecilia Guardati).- El gobierno de España ofrece a los inmigrantes "sin papeles", quienes se quedarán próximamente sin acceso a la sanidad pública por los recortes, que paguen por el servicio, propuesta que generó estupor en asociaciones médicas y afectados por "irracional" e "inmoral".

"Parece que los gestores públicos desconocen cuál es la situación de los inmigrantes indocumentados. Es preocupante que propongan el cobro de 710 euros anuales o casi 60 mensuales a personas que apenas tienen recursos para la subsistencia diaria", dijo a Télam Vladimir Paspuel, presidente de la asociación de inmigrantes ecuatorianos Rumiñahui.

"El dinero que se les pide es una barbaridad. Con esta política se va a poner en peligro la vida de muchas personas, ya que se incrementará la automedicación, los remedios caseros, y algunos inmigrantes directamente no acudirán a los servicios sanitarios pese a estar enfermos", añadió Paspuel, cuyos compatriotas constituyen uno de los grupos de inmigrantes más numerosos en España.

Tras dejar a los inmigrantes sin permiso de residencia fuera de la atención sanitaria pública gratuita -excepto urgencias, embarazadas y niños-, el gobierno de Mariano Rajoy propone ahora que estas personas firmen una especie de póliza, similar a la que se suscribe con las obras sociales privadas, para tener cobertura médica.

A raíz de los recortes, los "sin papeles" perderán sus tarjetas sanitarias desde el 31 de agosto, de ahí que el Ejecutivo esté negociando con las comunidades autónomas -a cargo de los servicios sanitarios- la puesta en marcha de esta medida, confirmó hoy el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

Según la orden ministerial, que adelantó el diario El País, las personas menores de 65 años que quieran ser atendidas por los centros sanitarios públicos deberán pagar 710,40 euros al año -59,20 mensuales- y las que superen esa edad, tendrán que pagar más del doble.

"Esta decisión no tiene sentido, ni desde el punto de vista político, ni ético ni sanitario", afirmó el médico Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc).

"Estamos hablando de gente excluida, que no tiene recursos para afrontar el pago por los servicios sanitarios", añadió a la emisora Cadena Ser.

"Los indocumentados no tienen dinero para pagar la sanidad. Además, se desconoce que muchas son personas jóvenes, sanas y que utilizan lo mínimo el servicio sanitario y que, por lo tanto, la medida no supondrá recaudación y tampoco el ahorro que el gobierno prevé", remarcó el presidente de Rumiñahui.

Asimismo, recordó que muchos compatriotas suyos "han perdido los papeles, pero estuvieron aportando durante años" al sistema de seguridad social español, por lo que la medida es "injusta".

Las cifras de personas que residen en España sin autorización no son exactas, ya que dependiendo del cruce de distintos datos oficiales se habla de 150.000 ó de 500.000.

La inscripción en el padrón municipal, que se depura cada dos años, es el documento que da acceso a la tarjeta sanitaria. De todas formas, el número de personas "sin papeles", que se redujo con las regularizaciones de los últimos años, puede volverse a incrementar puesto que el gobierno no renueva los permisos de residencia a los inmigrantes que no tienen trabajo.

Desde el gobernante Partido Popular, el portavoz parlamentario, Rafael Hernando, envió hoy un mensaje claro de "tolerancia cero" a los inmigrantes indocumentados, a quienes instó a volver a sus países de origen.

España "debe dejar de ser un paraíso" de entrada irregular de extranjeros, dijo Hernando, en conferencia de prensa en la sede del PP en Madrid.