MADRID, España.- La reforma de la Política Pesquera Comunitaria (PPC) que negocia la Unión Europea (UE) supondrá "sacrificios" para la flota española, pero a largo plazo le beneficiará por la mejora de los caladeros, declaró el secretario general de Pesca, Carlos Domínguez.

Domínguez explicó, en rueda de prensa, el acuerdo alcanzado en Bruselas por el Consejo de ministros de la UE, que pactó un nuevo mandato, con vistas a facilitar el final de las negociaciones de la futura PPC.

Admitió que existen aspectos mejorables y que el Consejo (representantes de los Gobiernos) ya ha fijado "el límite" de sus concesiones y "los sacrificios máximos" que va a pedir al sector con vistas a un compromiso.

Pero en general, según aseguró, España considera que aunque la reforma va a suponer un gran cambio en la pesca y obligará a ciertas inversiones a los barcos, a la larga será "positiva" y beneficiosa para la flota nacional, por la mejora en las existencias pesqueras.

Unos 10.000 barcos y 40.000 tripulantes (sin contar el empleo en tierra) componen la flota nacional.

"España apuesta por la reforma, pero está al límite de lo que se puede ceder", señaló Domínguez, quien apeló al Parlamento Europeo para que sea "flexible", o de lo contrario la nueva PPC "fracasará" y no se cumplirá.

Los ministros de la UE revisaron su postura en cuestiones como las medidas contra los descartes (capturas no deseadas de peces que después, muertos, son arrojados al mar) para facilitar este mes un pacto sobre la PPC con la Eurocámara, que defiende tesis más ecologistas.

La política contra el descarte, punto clave en la reforma, consistirá en obligar a los pescadores a descargar todas sus capturas en los puertos.

El Consejo de ministros apoyó que, en un plazo de cuatro años, el pescador solo pueda descartar un 5% de sus capturas, tras un período transitorio en el que se admitiría un 7%.

Domínguez recordó que, aunque el Consejo endureció su exigencia a la flota respecto a la que defendió en febrero, la Eurocámara ha sido "muy rígida" en favor del final del descarte y que la propia Comisión Europea reclamó desde el primer momento un "descarte cero".

El Gobierno insistió en que la principal razón del desecho de pescado es el sistema de cuotas, que no ha querido modificar la UE y según el cual, por ejemplo, las flotas del Cantábrico dedicadas al rape, gallo o merluza no pudieron llevar a puerto especies distintas porque no tenían cupo.

En ese sentido, afirmó que en la reforma es importante la "flexibilidad" para los barcos, porque si, por ejemplo, uno tiene una cuota de cigala y no la agota, pero extrae especies "accidentalmente", podrá declararlas dentro de ese cupo, lo que no ocurría hasta ahora.

En cuanto al Mediterráneo, Domínguez recordó que en estas aguas la pesca no se rige por cuotas (salvo el atún rojo), pero que España y otros países ribereños están defendiendo una petición, que no ha sido aún aceptada, para aplicar excepciones al descarte, porque han alertado de otro problema: la venta ilegal de juveniles.

En la actualidad, la descarga de peces por debajo de la talla mínima en puerto supone "una infracción muy grave", pero con la reforma que están defendiendo los países del "norte" de la UE sí se podrían desembarcar ejemplares inmaduros y destinarlos a harinas de pescado, nunca a consumo.

Domínguez apuntó, en este sentido, que esta idea se contradice con los esfuerzos y las campañas contra el consumo de juveniles.

Otro aspecto en el que habría margen para mejorar la reforma sería la definición de los "rendimientos máximos sostenibles" de existencias en el mar".

Entre los logros, citó el reconocimiento de las almadrabas como "unidades pesqueras", lo que en la práctica supone que puedan beneficiarse de las ayudas de la UE.