RIO DE JANEIRO, Brasil.- Uruguay negó el asilo político a tres activistas brasileños acusados de asociación ilícita por su participación en las protestas que sacudieron Brasil el año pasado y que esperaban desde el lunes una respuesta en el consulado de ese país en Río de Janeiro.

Los tres fueron informados anoche de que el gobierno de Uruguay no les concedería el asilo y abandonaron el consulado con rumbo desconocido, pese a que la policía había acudido a la sede diplomática para intentar cumplir sendas órdenes de prisión, dijo la diputada regional Janira Rocha, que los acompañaba en las gestiones.

La abogada Eloísa Samy acudió el lunes al consulado de Uruguay en Río de Janeiro acompañada de David Paixao y de Camila Nascimento, en busca de asilo, después de que una orden judicial revocara un hábeas corpus que se le había concedido tras pasar cinco días en prisión la semana pasada.

De acuerdo con Rocha, del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), la cónsul de Uruguay en Río de Janeiro, Miriam Fraschini, le explicó a los activistas que el gobierno uruguayo respeta el estado democrático de derecho y el Poder Judicial en Brasil, y no considera justificable la petición de asilo político.

La legisladora agregó que, sin presencia de policía frente al consulado, los tres abandonaron la edificación con rumbo desconocido y aún no saben si se entregarán o esperarán la respuesta de la justicia a una nueva solicitud de hábeas corpus que presentaron, consignaron la agencia EFE y el sitio Brasil247.

Los tres están acusados por el Ministerio Público de asociación ilícita por su participación en grupos que promovieron actos violentos durante las manifestaciones por mejores servicios públicos que se vienen registrando en Brasil desde mediados del año pasado.

Samy fue detenida en una protesta ocurrida en la víspera de la final del Mundial de Brasil, cuando la justicia ordenó el arresto de 23 activistas.

Paixao y Nascimento no fueron detenidos, pero también recae sobre ellos la petición de prisión preventiva por los mismos motivos.

Según la fiscalía, los acusados integraban un grupo que adquiría material explosivo para promover actos violentos durante las manifestaciones.

El arresto de los activistas, en la víspera de la final del Mundial, fue duramente criticado por organizaciones de derechos humanos y por el Colegio de Abogados de Río de Janeiro, que consideraron que fueron "arbitrarias" e "intimidatorias".

Hasta hoy, sólo 5 de los imputados el pasado 13 de julio permanecían encarcelados y los 18 restantes siguen reclamados por la Justicia.