BARCELONA, - Ocho ex directivos de Caja España y Caja Duero fueron imputados ayer por la justicia española por la venta generalizada de productos tóxicos como participaciones preferentes o deuda subordinada, un caso que en España se conoce como el ?corralito?, debido a que conllevó a la pérdida y confiscación de los ahorros de miles de personas.

Los ex presidentes de Caja de España y Caja Duero, Santo Llamas y Julio Fermoso, así como los ex directores generales de ambas entidades, Javier Ajenjo y Lucas Hernández, fueron citados para declarar el 22 de octubre ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Al día siguiente deberán declarar otros cuatro banqueros de menor jerarquía, entre ellos los responsables financieros y comerciales de las citadas entidades.

Velasco considera que estos banqueros son los responsables de la emisión y comercialización de deuda subordinada y participaciones preferentes, productos financieros que ambos bancos -actualmente fusionamos como Banco CEISS- pusieron en circulación durante 2009 y 2010 con el objetivo de capitalizarse.

Estos productos fueron ?colocados? entre pequeños ahorristas, en su mayoría jubilados, a los que se les explicaba que se trataba de una especie de plazo fijo cuando en realidad no lo eran. En algunos casos se trataban de obligaciones perpetuas o con fecha de vencimiento en el año 3000. Con la crisis financiera y económica que estalló en 2007, las preferentes y deuda subordinada se convirtieron en productos ?tóxicos? casi imposibles de recuperar.

El juez, que actúa en acuerdo con la Fiscalía, los acusa de delitos de estafa, publicidad engañosa, administración fraudulenta y maquinación para alterar el precio de las cosas.

En junio de 2013, otro juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ya aceptó investigar de forma general la estafa bancaria conocida como ?corralito? tras una demanda presentada por un partido político contra varios bancos y sus directivos, entre ellos Caja Madrid, Bancaja y su sucesora Bankia.

A diferencia del ?corralito? decretado en Argentina durante la crisis de 2001, que afectaba la cuenta corriente de los ahorristas, en el caso español se trata de un fraude bancario orquestado con la complicidad de los organismos reguladores y las autoridades políticas, gracias a una legislación laxa.

El juez Velasco inicialmente rechazó investigar el caso de Caja España y Caja del Duero, pero una resolución de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, lo obligó a reabrir el caso.

Aquella resolución destacaba que los productos en cuestión fueron comercializados para ?poder retrasar u ocultar el deterioro económico de las entidades? y que se hizo a ?costa y en perjuicio? de sus clientes.

Asimismo, la resolución destaca que los productos financieros fueron comercializados por los empleados de las redes de oficinas de ambas entidades siguiendo instrucciones de los órganos directivos omitiendo información o engañando.

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que lleva desde hace años denunciando la situación de los ahorristas afectados, cifra la estafa inicial en 37.000 millones de euros y hasta un millón de afectados.

Puntualmente algunos afectados han conseguido indemnizaciones por parte de los bancos a través de la vía judicial. Sin embargo, la mayoría de los ahorristas engañados siguen reclamando una solución al gobierno y justicia en los tribunales.