MADRID, España.- La Hacienda española investigará al ex presidente autonómico catalán Jordi Pujol por un supuesto delito fiscal, mientras que el Parlamento de esa región lo instó a comparecer para explicar los detalles de sus cuentas en Andorra, mantenidas durante 34 años.

Pujol de 84 años y quien fue presidente de Cataluña entre 1980 y 2003, en que se convirtió en un emblema del nacionalismo catalán, respondió en una carta a la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, ofreciendo su disponibilidad para comparecer en la Cámara catalana a partir del día 22 próximo.

Explicó que eligió esa fecha para que su comparecencia "incida lo menos posible" en los "hechos de gran voltaje político" de este mes.

Así, el expresidente pide que se produzca "con posterioridad" a la Diada del 11 de Septiembre, al debate de política general y a la votación de la ley de consultas, lo que "llevaría a buscar una fecha a partir del 22 de septiembre, suficiente lejos aún de otra fecha de mucha carga política que será el 9N", en referencia a la consulta soberanista del 9 de noviembre en Cataluña.

En su carta, Pujol recuerda que su comparecencia "no es obligatoria" pero desea hacerlo por la "alta consideración" que tiene por el Parlamento catalán.

El pasado 25 de julio Pujol emitió un comunicado en el que afirmaba que había regularizado un dinero que tenía en el extranjero, que no cifró, y pidió perdón por su "error", con el añadido de que en 34 años no había visto la ocasión adecuada para legalizar esos fondos.

Esa confesión tenía lugar después de la publicación de noticias sobre la investigación judicial a varios de sus hijos, que disponen de cuentas con fondos sobre cuyo origen no han dado explicaciones.

La conmoción causada por esa noticia no sólo hizo caer el buen nombre del ex presidente regional, sino que se vincula al actual proceso para la consulta en la que los ciudadanos decidan sobre la soberanía de su región respecto a España y que el Gobierno central califica de ilegal por no estar contemplada en la Constitución.

El caso de las cuentas de Pujol en Andorra fue debatido ayer en el Parlamento español, donde el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, compareció para asegurar que su departamento llegará "hasta el final" en la investigación del fraude fiscal, de modo que no quede impune.

Montoro afirmó que perseguirá este fraude en la vía administrativa y judicial, pues no se puede descartar que se hayan cometido uno o varios delitos.

Aparte de indicar la vía que seguirá su departamento en este caso, el titular de Hacienda siguió también la senda política, puesto que criticó con dureza a Pujol al reprocharle que en los últimos tiempos "sorprendentemente" se haya reconvertido en "adalid del independentismo" a la par que se investigaba su fortuna familiar.

Por eso pidió a los catalanes que se pregunten ahora cómo pudieron dejar la gestión de su región en personas que, como Pujol, eluden sus obligaciones tributarias.

Cataluña, región de 7,5 millones que habitantes que es de las más ricas de España, es gobernada en la actualidad por CiU (nacionalistas de centroderecha), la formación de Pujol.

Pere Macías, diputado de CiU en el Parlamento español, pidió a Montoro que aclare el caso de la fortuna oculta del ex presidente catalán, pero que no lo utilice contra la consulta soberanista de noviembre.

La comparecencia de Pujol en la cámara catalana fue reclamada todos los grupos parlamentarios con la excepción de CiU, aunque esta fuerza terminó por votar a favor de la presencia del expresidente en el Parlamento.

En concreto, la Cámara regional pide a Pujol que acuda a "dar cuenta de los hechos admitidos sobre fondos depositados en el extranjero sin cumplir con las obligaciones fiscales y su comportamiento durante el ejercicio de su presidencia".

El pasado 29 de julio el juez de la Audiencia Nacional española Pablo Ruz envió a Andorra una comisión rogatoria para tener datos acerca de las cuentas de Pujol en ese país.

La juez de Andorra que tramita esa comisión rogatoria accedió el lunes a enviar los datos requeridos por Ruz, con la advertencia de que sólo pueden ser usados si se investiga un delito de blanqueo vinculado a corrupción o apropiación indebida, pero no si se trata de un delito fiscal.