BERLIN, Alemania.- El ministro alemán de Interior, Thomas de Maizière, considera insolidario el actual sistema de acogida de refugiados en la Unión Europea (UE) y apuesta por repartir cuotas entre todos los estados miembros para afrontar el problema.

"No puede ser que cuatro o cinco países acojan a la mayor parte de los refugiados", recalca el titular de Interior en una entrevista que publica el semanario Der Spiegel en la edición que sale mañana a la venta.

De Maizière, que envió este mes una carta a la todavía comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, para plantearle la cuestión, estima que la actual situación no respeta el principio de solidaridad que debe regir la política comunitaria y que es "urgente" aplicar.

El sistema de contingentes, a su juicio, aliviaría por ejemplo la situación de países como Italia, punto de entrada de gran parte de los refugiados que llegan a Europa.

Una condición previa al reparto sería, según su propuesta, que Italia fuera capaz de detectar con rapidez a las personas que podrían aspirar a contar con protección internacional y que aquellos que no reúnen las condiciones para ser acogidos como refugiados sean devueltos sin demora a sus países de origen.

De Maizière subraya el esfuerzo que realiza Alemania, uno de los principales países de acogida, e insiste en que la prioridad debe ser mejorar las condiciones de vida en las regiones de las que parten los principales flujos migratorios.

"No podemos solucionar en nuestro país todos los problemas de pobreza del mundo", recalca.

Según datos del Ministerio de Interior, entre enero y agosto de este año Alemania recibió cerca de 100.000 peticiones de asilo, un 59% más que en el mismo periodo del año pasado.

Más de 20.000 solicitudes corresponden a ciudadanos procedentes de Siria.

El Parlamento alemán aprobó ayer una reforma de la ley de asilo que, como principal novedad, clasifica a las antiguas repúblicas yugoslavas de Bosnia, Macedonia y Serbia como "países de origen seguros" donde no hay amenaza de persecución política.

El objetivo, según explicó el Gobierno, es reducir el elevado número de peticiones de asilo que todavía se reciben desde los Balcanes y mejorar y acelerar la tramitación de las solicitudes de regiones en crisis.