por Cristina Cabrejas (*)

ROMA, Italia.- El presidente del Gobierno italiano, Matteo Renzi, se enfrenta a uno de los más arduos escollos de su programa y que es desde hace décadas un "tótem" intocable: la disposición que obliga a readmitir a un trabajador despedido de manera improcedente.

La reforma laboral que quiere implementar Renzi y que considera necesaria para sacar al país de la crisis económica contiene una norma que deroga el hasta ahora inamovible artículo 18 del Estatuto de los trabajadores.

Según la reforma, se mantendrá la obligación de que el empresario, en caso de despido improcedente, pague una indemnización, pero no la de que deba readmitir al trabajador.

En detalle, la reforma laboral de Renzi prevé una tutela de manera gradual de los trabajadores, por lo que sólo con la antigüedad se podrán obtener algunos derechos, entre estos el de poder ser readmitido en caso de despido.

La propuesta de derogación de dicho artículo ha puesto en pie de guerra a los sindicatos, que prometieron batalla, pero además abrió una importante brecha en el seno de la formación de Renzi, el Partido Demócrata (PD).

La llamada "vieja guardia" del PD y el ala más a la izquierda del partido protestó duramente contra la abolición de la readmisión y el ex secretario general Pierluigi Bersani lo calificó de "intención surrealista".

Bersani exigió al Gobierno que aclare sus intenciones y que no se amparase en cosas que no existen, pues en muchos países europeos como "Inglaterra, Francia y Alemania existe la posibilidad de readmitir al trabajador".

Incluso algunos como el diputado Pippo Civati pidió una consulta entre los militantes para conocer su opinión respecto a la decisión de Renzi, lo que para muchos podría significar la ruptura total de la formación y comprometer el futuro del Ejecutivo.

Los tres sindicatos históricos italianos, CGIL, UIL y CISL, han previsto una reunión para discutir este tema el próximo viernes.

Para la secretaria general del mayoritario, la Confederación General Italiana de Trabajadores (CGIL), Susanna Camusso, "quien quiere abolir el artículo 18 está eliminando la libertad de los trabajadores" y abogó por una respuesta unitaria.

En un editorial firmado ayer por Pierluigi Battista en el "Corriere della Sera", el periodista asegura que la batalla de la izquierda sobre el artículo 18 es como "una defensa corporativa contra lo que sería la traición de su propia identidad".

Han sido muchos los Gobiernos que han querido eliminar lo que el mismo Renzi calificó despectivamente como sólo un "Tótem, un símbolo ideológico de la izquierda", pero hasta ahora ninguno ha podido.

El Artículo 18 del Estatuto de los trabajadores del 20 de mayo de 1970 protege a los trabajadores de empresas con más de 15 empleados contra los despidos considerados improcedentes y avala su derecho a obtener una indemnización o a ser reintegrados en su empleo.

El Gobierno de Silvio Berlusconi ya lo intentó en 2002 y provocó una huelga general y una de las manifestaciones más numerosas del país con cerca tres millones de personas, que protestaron contra la reforma laboral.

También tuvo problemas el Ejecutivo del tecnócrata Mario Monti con su reforma laboral, conocida como ley Fornero, el apellido de la ministra de Trabajo, que se echó a llorar al anunciarla.

Monti consiguió derogar el reintegro al trabajo cuando la motivación del despido fuese por graves dificultades económicas de la empresa.

Por el momento, Renzi cuenta sólo con el apoyo de una parte de su partido, con sus socios en el Ejecutivo del centroderecha y con el mundo empresarial, después de que el presidente de la Patronal italiana, Giorgio Squinzi, calificase la abolición del artículo 18 de "señal fuerte para todos los inversores, sobre todo los extranjeros".

También existe alguna apertura desde el sindicato UIL, de corte conservador, que se ha mostrado dispuesto a debatir la reforma.

La crisis económica que vive el país, que se encuentra en recesión técnica y con una tasa de paro histórica que llega a 12,5%, podrían ser los aliados más fuertes de Renzi.

Mientras, el país recuerda a los asesores del Ministerio del Trabajo Massino D'Antona y Marco Biagi, quienes pagaron con su vida en 1999 y en 2002 al ser asesinados por las Nuevas Brigadas Rojas por su única culpa de redactar reformas laborales.

(*): EFE.