BARCELONA, España (Télam, Corresponsal).- El gobierno catalán ratificó ayer el referéndum soberanista del 9 de noviembre, aunque paralizó la campaña institucional pro-referéndum para evitar un eventual proceso por desacato después de que el Tribunal Constitucional español suspendió la convocatoria.

"El proceso soberanista continúa", fue la respuesta categórica del Ejecutivo regional de Artur Mas ante la resolución judicial conocida ayer.

El gobierno catalán se vio obligado a paralizar la campaña a favor del referéndum para evitar violar la ley, pero anunció que presentará alegaciones para que se levante la suspensión cautelar dictada ayer por el Tribunal Constitucional cuando le dio estado judicial a dos recursos de inconstitucionalidad contra la consulta, presentados por el gobierno central de Mariano Rajoy.

"Si alguien pensaba que con lo que pasó el lunes todo se pararía y quedaría liquidado, el mensaje que queremos dar es que no acabó nada", aseguró el portavoz del gobierno catalán, Frances Homs, en conferencia de prensa tras una reunión del Ejecutivo regional.

Homs subrayó que el gobierno catalán "no se echa atrás", aunque "es consciente de la situación y los efectos de carácter cautelar" de la resolución del Constitucional, que no anula la consulta.

En ese sentido, el funcionario instó al máximo tribunal a resolver con celeridad las alegaciones que se presentarán para que el referéndum se pueda celebrar el 9 de noviembre.

"El proceso no termina aquí, el gobierno seguirá promoviendo iniciativas legales, políticas, e institucionales para que los catalanes puedan votar", añadió Homs, aunque no especificó qué medidas se impulsarán.

Tras la suspensión de la consulta independentista de Cataluña por parte del Tribunal Constitucional español, la líder del derechista Partido Popular (PP) catalán, Alicia Sánchez Camacho, advirtió a Mas que lo denunciaría por malversación de fondos públicos si no levanta la campaña institucional pro referéndum.

"Si sigue, el PP presentará inmediatamente ante la Fiscalia una denuncia por malversación de fondos públicos, de todos los impuestos que pagamos los catalanes que estarían siendo utilizados para una actividad que está suspendida y que es ilegal", afirmó Sánchez Camacho en conferencia de prensa desde el Senado, en Madrid.

Hoy entró en vigor la resolución del Tribunal Constitucional que suspende durante cinco meses tanto la convocatoria firmada por Mas como la ley catalana de consultas que lo habilitó.

En su resolución, que hace lugar a los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Ejecutivo central de Mariano Rajoy, el máximo tribunal especifica que la suspensión afecta a "todas las partes implicadas en el proceso", así como a "terceros".

Se entiende que queda prohibida la emisión de anuncios por parte de instituciones, partidos, asociaciones, etc.

Tan pronto como Mas firmó el pasado sábado el decreto que convocaba a los catalanes a las urnas el próximo 9 de noviembre, su gobierno puso en marcha una campaña bajo el lema "Tu decidieses" (Tu decides), que incluía anuncios en radio, TV y prensa escrita. Así como una página web (www.9nconsulta2014.cat), que aún está activa.

Algunos de los partidos que impulsan la independencia, como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), también lanzaron sus propias campañas publicitarias. De hecho, la formación liderada por Oriol Junqueras dijo que la mantendrá pese a la resolución del Constitucional.

"Entre obedecer a un tribunal politizado y a la mayoría de la ciudadanía que quiere ir a las urnas, nuestro deber es obedecer a los ciudadanos de Cataluña", dijo el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Alfred Bosch.

A través de las redes sociales, los partidos soberanistas también están promocionando las convocatorias sociales para protestar contra la resolución del Constitucional y en defensa de la consulta del 9 de noviembre.

La Asamblea Nacional Catalana (ANC), principal impulsor de las movilizaciones independentistas de los últimos años, llamó a los catalanes a concentrase frente a sus ayuntamientos, y allí estarán los principales líderes independentistas.

Entre otras iniciativas, bajo el lema "Mutsialagabia" (Mudos y a la jaula), un grupo ciudadanos colocó ayer urnas de cartón enjauladas en diversos lugares públicos de decenas de ciudades catalanas para denunciar de forma "simbólica" un hecho de "profunda gravedad" como es la suspensión de la consulta.

En tanto, como estaba previsto, al igual que el gobierno catalán, el Parlamento catalán también anunció que presentará alegaciones ante el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo central ante el Constitucional contra la Ley de Consultas que permitió a Mas convocar el referéndum soberanista.

La presidenta de la cámara regional, Núria de Gispert, indicó en conferencia de prensa que la decisión del Constitucional "provoca un perjuicio" a los catalanes porque afecta el interés general y el objetivo es lograr el levantamiento de la suspensión lo antes posible.

A partir de ahora, el gobierno catalán entrará en una batalla legal con el gobierno español, en un marco de tensión política y social para intentar levantar la suspensión del referéndum y celebrarlo en la fecha marcada.