El gobierno de Chile expresó ayer su rechazo a la declaración de la XIII Cumbre de la Alianza Bolivariana para Nuestra América y del Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) que respaldó la demanda de Bolivia por una salida soberana al mar, diferendo que La Paz llevó a La Haya.

En un comunicado, la Cancillería consideró al pronunciamiento como una "intromisión inaceptable" y lamentó "profundamente que algunos países hermanos de América Latina y el Caribe desconozcan principios básicos que rigen las relaciones entre los Estados, entre ellos el de no intervención y del respeto a los tratados vigentes".

"Los términos empleados en el párrafo 11 de la Declaración Final son conceptualmente erróneos y perjudican el esfuerzo de construcción de un ideario de integración y destino común en el que Chile está profundamente comprometido. Declaraciones de esta naturaleza son contrarias a las bases mismas de igualdad y respeto mutuo en el seno de la comunidad latinoamericana?, expresó la Cancillería chilena.

La declaración del ALBA-TPC manifiesta su "solidaridad con el justo e histórico reclamo del Estado Plurinacional de Bolivia sobre su derecho a una salida al mar con soberanía".

El ALBA está integrado por Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela; mientras que el Tratado de Comercio de los Pueblos lo conforman las islas de Antigua y Barbuda, Dominica, San Vicente, Las Granadinas y Santa Lucía.

Para el Ejecutivo chileno, ?no deja de llamar la atención que un foro político, del cual Chile no es parte, se pronuncie acerca de una situación que se encuentra pendiente de resolución en el órgano superior de justicia de las Naciones Unidas?.

"Ello constituye una intromisión inaceptable, que Chile rechaza enérgicamente", agregó.

Bolivia demandó a Chile en 2013 ante Corte Internacional de Justicia (CIJ), para que ese tribunal obligue a Santiago a negociar una salida soberana al Pacífico para el país andino, que perdió ese acceso en una guerra del siglo XIX.

Chile cuestiona la demanda sobre la base de un tratado que en 1904 resolvió los problemas limítrofes entre ambos países y pidió la incompetencia de la Corte para tramitar la demanda, porque el estatuto de La Haya impide atender asuntos anteriores a 1948.