Familiares de los muertos durante la invasión estadounidense a Panamá de diciembre de 1989 le reclamaron ayer al presidente, Juan Carlos Varela, que declare al 20 del último mes de cada año como día de duelo nacional y que demande a los Estados Unidos por esas víctimas.

Varela, el primer gobernante panameño que encabeza los actos de conmemoración, al cumplirs 25 años de la invasión estadounidense, no se pronunció sobre el pedido, expresado en pancartas y por dirigentes de los familiares de los caídos.

Los actos se iniciaron con la colocación de una ofrenda floral y un homenaje en el memorial a los caídos en el Jardín de Paz, uno de los principales cementerios de la capital panameña, a donde los familiares de las víctimas llegaron con carteles en los que pedían que la fecha sea declarada día de duelo nacional.

La titular de la asociación de amigos de familiares de los caídos, Trinidad Ayola, pidió al gobernante además que se conforme "una comisión de la verdad con personas independientes" que investiguen cuántas víctimas hubo y dónde están los restos de los desaparecidos.

Además, solicitó crear un museo sobre la historia y de homenaje a los caídos y, "de ser necesario, entablar una demanda ante Estados Unidos por los daños causados" por la acción militar.

Hasta ahora, oficialmente en Panamá no hay una cifra de muertos y desaparecidos en la intervención militar.

Varela y miembros de su gabinete participaron del homenaje, en el que se colocó una ofrenda floral en el sitio donde está la sepultura colectiva de las víctimas de esa "fecha trascendental en la historia nacional", como lo consideró el mandatario.

En la invasión estadounidense, denominada "Causa Justa", unos 26.000 soldados llegaron a Panamá para desmantelar el Ejército local y capturar al general Manuel Antonio Noriega, que se entregó trece días después y fue condenado en Estados Unidos a 40 años de prisión por narcotráfico, que se redujeron a menos de veinte.

Noriega está preso desde hace tres años en Panamá por condenas que suman seis décadas por violaciones a los derechos humanos y asesinato, tras ser repatriado de una celda en Francia, en donde purgó casi dos años de prisión por blanqueo de capitales.

A mitad de semana, la canciller Isabel de Saint Malo destacó que Panamá evaluaba "oportuno sanar las heridas que aun tiene abiertas" por aquella invasión.