La presidenta del Consejo de Ministros de Perú, Ana Jara, llamó ayer a todas las fuerzas políticas a dialogar "sobre los temas más importantes para el país" y descartó la posibilidad de renunciar al cargo, pese al pedido hecho en los últimos días por amplios sectores de oposición.

"En mi calidad de jefa del gabinete ministerial he convocado nuevamente al diálogo a los líderes de las diferentes fuerzas políticas democráticas del país", dijo Jara en una declaración divulgada ayer.

"En mi condición de representante del Poder Ejecutivo invoco nuevamente a la unidad de la clase política" y "por ello es que hemos convocado a los lideres de las fuerzas políticas a entablar un proceso de diálogo franco y abierto", manifestó por la tarde en el Congreso.

Jara se presentó ante la Comisión Permanente del parlamento unicameral para dar explicaciones sobre casos de supuesto espionaje a varios dirigentes opositores -entre ellos el ex presidente Alan García-, un empresario e incluso la vicepresidenta Marisol Espinoza.

"Venimos a dar explicaciones de los supuestos casos de espionaje que le achacan al gobierno, cosa que hemos desestimado desde el primer momento", subrayó la funcionaria al llegar al palacio legislativo.

"Tenemos la mejor disposición de prestar toda la colaboración para que el Ministerio Público, que inició las indagaciones, y la Comisión de Inteligencia, con las explicaciones que daré, puedan determinar quiénes son los actores detrás de estas prácticas ilícitas", agregó.

Consultada sobre el pedido de sectores opositores para que deje su cargo, respondió que "renunciar sería admitir responsabilidad y el gobierno es respetuoso de la institucionalidad y nada tiene que ver con estos espionajes".

La relación entre el oficialismo y amplios sectores opositores se tensó en los últimos meses, en los que los ministros del Interior y de Defensa, general retirado Daniel Urresti y Pedro Cateriano, respectivamente, han venido manteniendo una "guerra" con varios dirigentes adversarios a través de las redes sociales de internet.

Asimismo, el ministro de Justicia, Daniel Figallo, fue cuestionado por haber supuestamente colaborado con Martín Belaúnde, un empresario que fue asesor de campaña del presidente Ollanta Humala, a quien busca la Justicia y está prófugo en Bolivia.

También se acusó a la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, de no haber pagado los beneficios laborales correspondientes a una empleada suya.

Por otra parte, la convocatoria al diálogo se produjo dos días después de que el Congreso derogara por amplia mayoría una ley de empleo para jóvenes que había sancionado apenas 45 días antes y que causó un amplio rechazo y varias protestas callejeras.