El Tribunal Constitucional (TC) español declaró ayer inconstitucional la ley catalana y el decreto firmado por el presidente regional, Artur Mas, que convocó inicialmente la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 en Cataluña.

La sentencia, adoptada por unanimidad, considera que ambos textos son ilegales porque encubren un referéndum sobre un asunto de orden constitucional, como es la integridad territorial del Estado, según fuentes judiciales citadas por la prensa española.

Los magistrados del alto tribunal coinciden en que un gobierno regional no tiene competencias para convocar a este tipo de consultas, puesto que la Carta Magna exige la autorización del Estado central.

Si bien los jueces del TC consideran que los ciudadanos pueden ser convocados a ejercer su derecho de participación política en consultas, señalan que las "consultas generales" son inconstitucionales porque se identifican con las del referéndum.

La ley de consultas catalana y el decreto firmado por Artur Mas para convocar la consulta el 9 de noviembre quedaron suspendidos el pasado 29 de septiembre cuando el TC admitió a trámite los recursos presentados por el gobierno del presidente español Mariano Rajoy contra ambas resoluciones.

A pesar de la suspensión, Mas siguió adelante con sus planes de celebrar una consulta separatista y convocó a los ciudadanos a expresar su opinión en las urnas de forma simbólica.

El TC suspendió también la segunda convocatoria a requerimiento del Ejecutivo español.

Sin embargo, el 9 de noviembre de 2014 más de 2 millones de catalanes (38% del censo estimado) votaron y se expresaron de forma abrumadora a favor de la independencia de la norteña región respecto a España.

El gobierno catalán consideró que la consulta había sido un "éxito", mientras el gobierno español la calificó de "ilegal" y "farsa".

En tanto, la Fiscalía denunció a Mas y dos de sus consejeros por haber celebrado la consulta pese a que estaba suspendida.

El presidente catalán, por su parte, lejos de desistir de sus planes convocó elecciones anticipadas en Cataluña para el 27 de septiembre de 2015, que pretenden ser de carácter plebiscitario y el paso previo a la independencia.

"Hay que entender que hay mucha gente en Cataluña que se sienten catalanes y españoles. Y yo estoy aquí para que se respeten los derechos de todos", dijo hoy el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en su primera reacción ante la decisión del TC.

Rajoy agregó que su obligación y la de todos los dirigentes políticos es que "se respeten las decisiones de los tribunales".

Ayer, en su discurso de apertura del debate sobre el estado de la Nación, el Jefe del Ejecutivo insistió en que Cataluña no puede celebrar un referéndum secesionista porque es ilegal, pero se mostró dispuesto a buscar "puntos de encuentro" con el gobierno regional dentro de la legalidad.

Tras haber sido criticado incluso dentro de su partido por haber permitido que se celebrara el 9N, Rajoy argumentó que su gobierno actuó con "prudencia, determinación, firmeza y proporcionalidad", en todo lo que tiene que ver con el conflicto con Cataluña.