Miles de estudiantes marcharon ayer en las principales ciudades de España, con Madrid y Barcelona a la cabeza, en rechazo de una nueva normativa aprobada por el gobierno conservador de Mariano Rajoy que acorta a tres años las carreras de grado y en defensa de la educación pública.

La movilización fue convocada por el Sindicato de Estudiantes de España (SE) en el marco de una huelga de 48 horas que comenzó el miércoles en las escuelas secundarias y facultades públicas.

Al inicio de la marcha en Madrid, la secretaria general del SE, Ana García, aseguró que el acatamiento de la huelga rondó el miércoles el 90% y ayer llego al "cien por ciento" en algunas facultades, por lo que la calificó como "masiva" e "histórica".

Es la "mayor movilización en 20 años", indicó García a los periodistas, aunque desde el gobierno español la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, se refirió a la medida de fuerza como "minoritaria".

Los estudiantes reclaman la retirada del "decreto 3+2", como se conoce la ley aprobada por el Ejecutivo el pasado 30 de enero, que recorta a tres años las carreras de grado para que los estudiantes se vean obligados a completar su educación con masters que son pagos.

Bajo el lema "Abajo el decreto 3+2. Hijo del obrero a la universidad", cientos de estudiantes marcharon en la capital reclamando la retirada de la norma.

En Madrid se movilizaron unas 40.000 personas, según el SE.

El sindicato de estudiantes asegura que el decreto del gobierno "supondrá la completa elitización de la universidad pública y expulsará a los hijos de los trabajadores de los estudios superiores".

"El PP pretende convertir el derecho a la enseñanza pública, de calidad, gratuita, laica y democrática en un negocio para sus amigos, para los empresarios de la educación privada, y para los banqueros, que serán los que se beneficien de unas tasas impagables para la mayoría", afirman en un manifiesto.

"Es lo mismo que están haciendo con la sanidad y todos los servicios sociales: todo para enriquecer aún más a los grandes poderes económicos a costa de la gente y sus derechos", añaden los estudiantes.

El ministro de Educación español, el polémico José Ignacio Wert, a quien los estudiantes piden la dimisión, afirmó que la reforma equipara a España con el resto de países europeos y supondrá un ahorro de 150 millones de euros para las familias.

La reflexión del ministro se desprende del hecho de que no pagarán porque sus hijos estudiarán menos años, tres en vez de cuatro.

La reforma es una readaptación del resistido plan Bolonia (2010/2011) que ya acortó carreras y que buscaba equiparar los sistemas educativos universitarios a nivel europeo, que los estudiantes denunciaron por privatizador.