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28-03-2015

Gobierno colombiano y FARC acordaron desminado

Las partes alcanzaron el último 7 de marzo un acuerdo de limpieza y descontaminación de minas antipersona y artefactos explosivos y adelantaron debate por justicia transicional.

El gobierno de Colombia y las FARC acordaron ayer, al cerrar un nuevo ciclo de diálogos de paz en La Habana, comenzar los trabajos de desminado en los departamentos de Antioquia (noroeste del país) y en Meta (centro), y la delegación gubernamental adelantó que "se está trabajando" en la aplicación de mecanismos de justicia transicional para militares y policías.

Las partes alcanzaron el último 7 de marzo un acuerdo de limpieza y descontaminación de minas antipersona y artefactos explosivos, y en el ciclo 34 que clausuraron ayer discutieron los detalles de ese plan que supone un avance sustancial hacia el fin del conflicto.

En un comunicado conjunto, las partes anunciaron las zonas en las que comenzará "el plan piloto" del desminado y explicaron que en el próximo ciclo se hará un taller para avanzar en el plan de implementación.

Se estima que más de la mitad de los municipios de Colombia tiene campos con minas, artefactos que han causado más de 11.000 víctimas entre muertos y heridos en el país desde 1990, el segundo del mundo más afectado por este problema, sólo después de Afganistán.

Los trabajos de limpieza de tierras se realizarán de manera conjunta entre la Fuerza Pública y la guerrilla, con la coordinación de la organización Ayuda Popular Noruega (APN), según el acuerdo adoptado por las partes.

Por otro lado, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, dijo a la prensa que "la realidad del acuerdo está caminando y a la vuelta de la esquina" y se refirió a la justicia transicional.

En este momento, el proceso de paz se centra en las discusiones sobre reparación a las víctimas y justicia transicional, que se refieren a aquellos procesos de transición de un conflicto armado a la paz, en los que es necesario equilibrar las exigencias para ambas partes implicadas en las negociaciones.

De la Calle señaló que por el desarrollo y colocación del conflicto, "no pueden terminar guerrilleros en el Congreso y en la política ,y militares en la cárcel" y en este sentido, resaltó que así como hay reglas claras y seguridad jurídica para las FARC, "el gobierno también debe garantizar la seguridad jurídica de los miembros de las fuerzas militares y de policías".

Así, explicó que un grupo de expertos "está trabajando", a petición del gobierno colombiano, en la aplicación de mecanismos de justicia transicional a militares y policías.

Según De la Calle, ese grupo "ha venido trabajando con toda seriedad y compromiso en propuestas para la aplicación diferenciada de mecanismos de justicia transicional" ára las fuerzas de seguridad.

Agregó que si se llega a un acuerdo para el fin del conflicto, "éste tiene que incluir una solución integral que ofrezca vías de seguridad jurídica para todos y permita la satisfacción de los derechos de las víctimas de todas las partes en el conflicto."

Las FARC rechazan la propuesta de justicia transicional y defienden que sus actos de guerra deben ser considerados delitos políticos, amparados en el derecho de rebelión.

"Preparan una jaula de oro para quienes portan insignias oficiales del Estado y otra de indignidad para quienes han hecho uso del derecho de rebelión y portan el uniforme de la insurgencia", señaló hoy el "número dos" de la guerrilla, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.

"A La Habana vinimos a hacer la paz, no a someternos", precisó el jefe negociador de las FARC quien aboga por una amnistía general para la guerrilla.

Márquez se refirió a la responsabilidad principal del Estado en el conflicto y propuso a la mesa de negociación ocuparse "por su obviedad" a abordar esa cuestión. "El informe entregado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas a la mesa, apunta a que el Estado es el gran responsable de lo ocurrido durante más de seis décadas de conflicto social y armado en Colombia", destacó.

El gobierno y las FARC, que iniciaron el proceso de paz en noviembre de 2012, acordaron las fechas para un nuevo ciclo de conversaciones entre el 10 y el 20 de abril.