El Reino Unido lanzó ayer una ofensiva legislativa contra los inmigrantes ilegales que incluye la confiscación del sueldo de indocumentados, tras conocerse que el ingreso de extranjeros a territorio británico subió más del 20 por ciento en 2014.

El primer ministro británico, el conservador David Cameron, advirtió que trabajar indocumentado o emplear a "sin papeles" será un delito en el Reino Unido y anunció una serie de medidas radicales para controlar la inmigración ilegal, durante un discurso en la sede del Ministerio del Interior en Londres.

Cameron, cuyo partido fue reelecto hace 15 días con mayoría absoluta, dio a conocer sus objetivos en materia de inmigración que estarán contenidos en su programa de gobierno para el próximo curso legislativo, que será leído por la reina Isabel II el próximo 27 de mayo, en la apertura del Parlamento de Westminster.

El premier destacó que la ofensiva para controlar la inmigración tendrá tres vertientes: combatir el trabajo ilegal, reformar las reglas laborales y renegociar en la Unión Europea (UE) las directrices en materia de inmigración.

Este último punto forma parte del objetivo de Cameron de conseguir reformas en la UE, que aún no detalló, antes de convocar un prometido referendo en 2017 sobre la permanencia o salida del Reino Unido del bloque europeo.

Los otros dos objetivos estarán contenidos en un proyecto de ley de su nuevo gobierno que considerará por primera vez delito trabajar ilegalmente o emplear a ciudadanos no comunitarios que estén en situación irregular.

Cameron presentó sus medidas luego de que la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) informase de un alza de la inmigración, si bien el incremento correspondió en su mayoría a ciudadanos de la UE.

El número de inmigrantes que llegó al Reino Unido en 2014 fue de 641.000 personas, un 21,8% más que el año anterior, mientras que los que emigraron fueron 323.000 personas -cifra que se mantuvo relativamente estable desde 2010-, lo que arroja una inmigración neta de 318.000 personas el año pasado, según la ONS.

El primer ministro británico resaltó que su proyecto de ley tendrá como meta, entre otras puntos, obligar a las entidades bancarias a verificar las cuentas de personas sospechosas de estar en situación ilegal e impedir que las compañías¡ contraten a estos indocumentados.

Hasta ahora, las empresas podían ser multadas con 20.000 libras (26.000 euros) si contrataban a trabajadores indocumentados, pero la nueva legislación irá más allá al tipificarlo como delito, si bien Cameron no especificó qué pena se aplicará.

Se procesará también a los ciudadanos no comunitarios que entren de manera legal, como turistas o estudiantes, pero que se quedan para trabajar una vez que su visado caduca.

Además, la policía tendrá el poder de confiscar los salarios obtenidos de manera ilegal y se obligará a las agencias de empleo a buscar primero trabajadores con residencia legal en el Reino Unido antes de contratar en el extranjero.

Entre otras cosas, se tomarán medidas contra las personas que alquilen pisos a inmigrantes sin papeles en condiciones infrahumanas.

Esta iniciativa viene a completar medidas anunciadas antes por el primer ministro, como obligar a los comunitarios a abandonar en seis meses el Reino Unido si no han encontrado empleo.

Cameron insistió en que su ambición es recortar la inmigración a pesar del incremento visto en los últimos años, pero reconoció que aún hay un camino por recorrer para llegar a "nuestro objetivo".

Las cifras divulgadas ayer son "decepcionantes, pues no hemos conseguido muchos progresos, pero tomo estos datos como un mandato claro para cumplir" con las promesas electorales, admitió.

Y destacó que la falta de control de la inmigración crea problemas para los servicios públicos, en especial el sector de la salud y la educación, por lo que su ambición es construir un país "menos atractivo" para trabajar de manera ilegal.

"Una inmigración no controlada puede perjudicar nuestro mercado laboral y reducir los sueldos. Y significa que hay mucha gente que entra legalmente en el Reino Unido pero se queda de forma ilegal. El pueblo británico quiere que estas cosas sean resueltas", concluyó.