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04-07-2015

Manifestaciones en el aniversario del golpe de estado en Egipto

El segundo año del golpe transcurrió en medio de la persecución de las autoridades egipcias a los Hermanos Musulmanes, la agrupación que llevo a Mursi al poder, y un auge de los ataques yihadistas, en especial en la península del Sinaí.

Una persona murió ayer y dos policías resultaron heridos Egipto durante las protestas por el segundo aniversario del golpe militar contra el islamista Mohamed Mursi, el primer presidente elegido de manera democrática en el país norafricano, ahora condenado a pena de muerte.

El segundo aniversario del golpe transcurrió en medio de la persecución de las autoridades egipcias a los Hermanos Musulmanes, la agrupación que llevo a Mursi al poder, y un auge de los ataques yihadistas, en especial en la península del Sinaí.

La principal manifestación se produjo en el sur de El Cairo, en el distrito de Dar al Salaam, y fue allí donde murió un manifestante, según fuentes del Ministerio de Salud egipcio, aunque se desconoce las circunstancias en las que falleció.

Hubo manifestaciones también en Alejandría y, si bien la jornada transcurrió con relativa tranquilidad, en la localidad meridional de Minia, dos policías resultaron heridos tras el ataque armado de unos desconocidos contra su coche, informó la Presidencia egipcia en un comunicado citado por la agencia oficial de noticias Mena.

Los Hermanos Musulmanes escribieron en su cuenta de Twitter que hubo más manifestaciones que las mencionadas y que uno de sus miembros murió en El Cairo a manos de la Policía, aunque esta información no pudo ser confirmada.

El 3 de julio de 2013, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Egipto y actual presidente del país, el general Abdel Fatah al Sisi, dio un golpe de Estado que puso fin al mandato de Mursi, el primer mandatario elegido en unas elecciones libres.

Al mes del derrocamiento, las nuevas autoridades egipcias (una Junta Militar que gobernó durante un año, hasta la celebración de elecciones) desmantelaron las protestas en las plazas cairotas de Al Nahda y Rabea al Adauiya, que pedían la restitución del presidente islamista.

A finales de 2013, los Hermanos Musulmanes fueron declarados ilegales y luego "organización terrorista".

Desde entonces, la justicia emitió duras sentencias de cárcel contra miles de seguidores y miembros de la organización, incluyendo cadenas perpetuas y penas de muerte, como es el caso del propio Mursi y del líder de la cofradía, Mohamed Badía.

Esta situación hizo que en las protestas lideradas por los islamistas, que solían poblar las calles egipcias para pedir la restitución de Mursi, empezaran a ser cada vez más chicas.

A la par que el rol de los Hermanos Musulmanes disminuyó en la escena egipcia, se incrementaron los ataques yihadistas, en su mayoría en el norte de la península del Sinaí, aunque también algunos de menor entidad sacudideron otras ciudades.

El grupo Wilayat Sina, que juró lealtad al Estado Islámico (EI), incrementó los atentados en el Sinaí contra militares y policías, el último ocurrido hace dos días, cuando una ofensiva yihadista y los posteriores enfrentamientos con el Ejército provocaron decenas de muertos, entre ellos 17 militares.

Además, el lunes pasado fue asesinado el fiscal general egipcio, Hisham Barakat, en un atentado con coche bomba que lo convirtió en la primera autoridad no militar que fallece en un ataque en Egipto en los últimos años.

Mientras tanto, la situación política parece estancarse en Egipto, que ve como el Ejército no terminó de implantar su hoja de ruta prometida después de la caída de Mursi.

Tras la aprobación por referéndum de una nueva Constitución y la elección en la que se impuso Al Sisi, en 2014, hasta ahora sigue sigue sin concretarse la celebración de los comicios legislativos para conformar el Parlamento.

La comunidad internacional apoya sin reservas el nuevo rumbo que tomó Egipto, pese a que criticó en su momento el golpe de Estado, como es el caso de Estados Unidos, que aporta 1.500 millones de dólares al Ejército del país africano.

Pero quienes no simpatizan con el actual gobierno son las organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), que critican abiertamente el tratamiento policial y judicial al que se somete a islamistas, jóvenes opositores e incluso periodistas.