La Justicia de Uruguay rechazó un recurso presentado en el marco de la investigación por la muerte de Aldo Perrini, asesinado durante la dictadura en Uruguay, al determinar que el delito no prescribió, como argumentaba la defensa.

La defensa del general retirado Pedro Barneix presentó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de casación en el que se alegaba que los hechos habían prescrito con el objetivo de que se anulase una sentencia del Tribunal de Apelaciones que habilitaba la continuación de las investigaciones del caso.

La denuncia del asesinato de Perrini fue presentada por uno de sus hijos el 11 de noviembre de 2010, unos días después de que la Corte de Uruguay declarase inconstitucional la aplicación de la denominada Ley de Caducidad para este caso, si bien esta norma sigue vigente en la legislación del país desde 1986.

Esa declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad para este caso concreto permitió desbloquear las acciones judiciales y el hijo de Perrini pudo comenzar el procedimiento legal para que se juzgue a quienes perpetraron el asesinato de su padre en 1974.

La defensa de Barneix alegó que en el momento de la denuncia, en 2010, el delito había prescrito ya que esta empezaba a contar desde el momento del homicidio, en 1974, y según sus cuentas, también habría prescrito teniendo en cuenta el comienzo de la vigencia de la Ley de Caducidad.

La SCJ estipuló que no procedía el recurso de casación por este motivo al estimar que durante la dictadura cívico militar, que se extendió desde 1973 hasta 1985, no se pudieron investigar los hechos y por la imposibilidad de aplicar la Ley de Caducidad en este caso concreto debido a su declaración de inconstitucionalidad.

"No es computable el período del régimen de facto para calcular el plazo de prescripción de la acción penal ya que durante ese tiempo su titular (el hijo de la víctima) estuvo impedido de promover las investigaciones correspondientes", según señala la sentencia divulgada hoy por la Justicia uruguaya.

Además, "para el caso concreto, tampoco cabe computar para determinar el 'dies a quo' (día en que comienza el plazo) de la prescripción el período de vigencia de la Ley de Caducidad", agrega el texto.

Aldo Perrini fue detenido el 26 de febrero de 1974 en su domicilio por personal militar y trasladado al Batallón de Infantería Número 4 de Colonia (en el suroeste del país), donde falleció el 4 marzo de 1974 después de ser torturado.

La víctima era un comerciante que votaba al Frente Amplio, coalición de izquierda que actualmente gobierna en Uruguay.