A casi dos semanas de los comicios regionales que dieron la victoria a los independentistas en Cataluña, la fuerza anticapitalista que tiene la llave del nuevo gobierno insistió ayer en que no apoyará la investidura del presidente catalán, Artur Mas, quien deberá decidir entre ceder ante un proceso secesionista que avanza hacia la desobediencia o convocar nuevas elecciones.

Pese a ser la última fuerza en el Parlamento catalán, con diez escaños, la CUP tiene en sus manos el futuro del proceso secesionista de Cataluña.

Mas, artífice de la lista unitaria Junts Pel Sí (Juntos por el Sí) que se impuso en los comicios del 27 de septiembre que él planteó como plebiscitarios, necesita del apoyo de las CUP para alcanzar la mayoría absoluta que le permitiría tomar medidas a favor de la secesión de España.

Pero antes de las elecciones, el líder de la anticapitalista CUP, Antonio Baños, había asegurado que su fuerza no daría sus votos a la investidura de Mas, al que consideran responsable de los ajustes implementados en Cataluña en los últimos años, además de ser el líder de un partido salpicado de escándalos de corrupción.

"No nos hemos movido ni una coma en esto", subrayó hoy Baños en declaraciones a Catalunya Radio, ratificando la postura de la CUP cuando pasaron ya 12 días desde los comicios sin que se hubiesen producido avances en las negociaciones del lado del "bloque soberanista".

No obstante, Baños dijo que la investidura de Mas no se ha comenzado a negociar y que antes de hacerlo la CUP desea ver "gestos de ruptura" irreversibles respecto del Estado español desde el primer momento que se forme el Parlamento catalán con mayoría soberanista.

"Para transformar la vida de los ciudadanos hace falta aplicar las leyes aprobadas por el Parlament (cámara catalana) y que ahora no podemos aplicar", remarcó Baños, en referencia a decretos como el de pobreza energética, que fueron suspendidos de forma cautelar por el Tribunal Constitucional (TC) español.

El líder de la CUP abogó por "desobedecer" al TC así como la última ley de Educación del derechista Partido Popular (PP) -considerada centralizadora y retrógrada al recuperar la religión en las escuelas- o la llamada "Ley mordaza", una norma que intenta contra la libertad de expresión y manifestación.

Por su parte, Raül Romeva, el "número uno" de la lista unitaria secesionista, destacó hoy el "altísimo grado de coincidencia" entre los planteamiento de la CUP y la "hoja de ruta" que ellos defienden.